El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) solicitó formalmente una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida de Nadir Martín Perdomo, preso político del 11J que se encuentra en estado crítico de salud en un campamento de trabajo forzado en la provincia de Mayabeque.
Martín Perdomo, arrestado el 17 de julio de 2021 tras participar en las protestas pacíficas del 11J en San José de las Lajas y posteriormente condenado a seis años de prisión, padece un acelerado deterioro físico. Según los reportes clínicos compilados por la organización con sede en Miami, el joven presenta síndrome de mala absorción intestinal, gastritis crónica, hernia hiatal y asma. A este cuadro se suman complicaciones hepáticas, episodios de vómitos con sangre y recurrentes contagios de dengue durante su encierro, lo que ha derivado en una desnutrición severa, pérdida acelerada de peso y frecuentes desmayos.
Pese a las solicitudes de excarcelación por motivos humanitarios presentadas por sus familiares, el régimen de La Habana ha ignorado los diagnósticos médicos y rechazado los recursos judiciales. Ante esta negativa, el director ejecutivo del Centro de Denuncias, Juan Carlos Vargas, denunció que la dictadura cubana está incurriendo en una gravísima violación de derechos humanos al condenar al activista a una agonía silenciosa y exponerlo a un riesgo inminente de muerte bajo su custodia estatal.
Represión institucionalizada y crisis carcelaria
El caso de Nadir Martín Perdomo y su hermano Jorge, condenado a ocho años en el mismo proceso judicial, no es un hecho aislado, sino que refleja el patrón sistemático de la dictadura cubana de utilizar el sistema penitenciario como instrumento de escarmiento político. Las condiciones inhumanas en centros como el campamento de Quivicán se agravan por el colapso estructural del sistema de salud en la isla, donde la falta de medicinas y la ausencia de atención especializada se convierten de facto en una tortura añadida para los ciudadanos que ejercen su derecho a la disidencia.
Desde el arresto de sus hijos, Martha Perdomo, madre de los jóvenes, ha mantenido una constante campaña de visibilidad, responsabilizando directamente a las autoridades de la isla de la integridad física de ambos. Ante la inminencia del riesgo vital, las organizaciones defensoras de los derechos humanos hacen un llamado urgente a la comunidad internacional y a los gobiernos democráticos de la región para que exijan al ejecutivo cubano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, garanticen la hospitalización adecuada de los reclusos y procuren la liberación inmediata de los presos políticos del 11J.
