Miguel Díaz-Canel ha transformado su figura de discreto burócrata en el epicentro de un clan familiar que usufructúa los privilegios del poder en medio de la peor crisis económica de la isla, revelando un patrón de impunidad que alcanza incluso a sus parientes más cercanos en escándalos millonarios.
Antes de asumir la presidencia en 2018, el actual mandatario escaló durante décadas la maquinaria del Partido Comunista de Cuba como un cuadro disciplinado y obediente. Su perfil, alejado del carisma de las generaciones anteriores, lo posicionó como el administrador ideal para la cúpula castrista: un funcionario sin ambiciones de reformar el sistema y con la lealtad suficiente para garantizar la continuidad del modelo. Sin embargo, su ascenso marcó un quiebre en la tradicional discreción de la dirigencia cubana respecto a la exposición de sus familiares, abriendo la puerta a un evidente enriquecimiento y ostentación.
La ostentación del poder en tiempos de crisis
El régimen de La Habana ha permitido que la familia presidencial ocupe roles de visibilidad inusitada. Su esposa, Lis Cuesta Peraza, y su hijastro, Manuel Anido Cuesta, han sido incorporados a giras internacionales y funciones diplomáticas bajo la figura de asesores. Las imágenes de este círculo íntimo disfrutando de lujos, vestimenta costosa y cenas en hoteles de primer nivel han generado un profundo rechazo social, en un país asfixiado por la hiperinflación, el desabastecimiento crónico de alimentos y el colapso del sistema eléctrico. La ciudadanía cuestiona el uso de fondos públicos para sostener un estilo de vida elitista mientras la población sobrevive en la indigencia.
Los beneficios del poder, no obstante, trascienden a la unidad familiar inmediata. El apellido Díaz-Canel ha servido como pasaporte para que otros parientes construyan carreras políticas y negocios vinculados al sector turístico, o aseguren posiciones clave en empresas extranjeras radicadas en la isla. El caso más emblemático es el de José de Jesús Díaz-Canel Rodríguez, primo del gobernante, quien fue señalado en testimonios y expedientes judiciales relacionados con los escándalos de corrupción turística que sacudieron a Cuba hace una década.
Entre 2011 y 2013, las autoridades de la isla procesaron a decenas de empresarios extranjeros y funcionarios cubanos por sobornos, fraude y evasión fiscal, derivando en más de veinte condenas de prisión y la incautación de empresas como Coral Capital y TriStar Caribbean. No obstante, según documentos judiciales y testimonios a los que tuvo acceso la prensa independiente, Díaz-Canel Rodríguez —egresado de una escuela del Ministerio del Interior y con una maestría en Gestión Turística— fue mencionado reiteradamente en las investigaciones pero nunca fue encausado. Esta omisión evidencia cómo la dictadura cubana aplica la justicia de manera selectiva, blindando a los suyos mientras reprime implacablemente a la ciudadanía común que intenta sobrevivir o protestar.
El costo social de la impunidad
La consolidación de esta oligarquía familiar y la impunidad que la rodea operan en contraste directo con la realidad que sufren millones de cubanos. Mientras la élite en el poder acumula riquezas y evade la justicia, la falta de oportunidades y el endurecimiento represivo han detonado el mayor éxodo migratorio de la historia reciente de la nación. La percepción de un Estado capturado por intereses familiares no solo erosiona la poca legitimidad del ejecutivo cubano, sino que profundiza el descreimiento institucional, empujando a la población al abandono del país ante la ausencia total de horizontes de mejora.
