Desde inicios de año, la población cubana permanece en vilo ante el agravamiento de la crisis energética y económica, mientras las predicciones sobre un colapso inminente del régimen de La Habana se dilatan una y otra vez. La Corte Suprema de Estados Unidos frenó la imposición de aranceles a países que vendan combustible a Cuba, y los ciudadanos de la isla constatan que, mientras escasea el combustible para la vida cotidiana, las empresas vinculadas a la familia Castro y a GAESA mantienen asegurado el abastecimiento para sus negocios y para la maquinaria represiva del Estado.
La esperanza que despertó el inicio del año entre amplios sectores de la población cubana se ha ido transformando en una expectación prudente, casi resignada. Las predicciones sobre un desenlace próximo del actual escenario —que circularon con fuerza durante el mes de febrero— han ido perdiendo fuerza a medida que las semanas avanzan sin cambios sustanciales. La experiencia de décadas de anuncios frustrados ha generado entre los cubanos una desconfianza profunda hacia cualquier pronóstico que sitúe el colapso del sistema en un horizonte cercano.
El fallo de la Corte Suprema estadounidense, que detuvo la medida impulsada por la administración de Donald Trump para imponer aranceles a los países que comercialicen combustible con Cuba, representó un duro golpe para quienes esperaban un endurecimiento efectivo de la presión externa sobre el gobierno cubano. Aunque desde Washington se asegura que la presión diplomática se mantiene, en las calles de la isla el impacto de esa presión recae casi exclusivamente sobre la población civil, que sufre apagones prolongados, desabastecimiento y colapso del transporte, mientras la cúpula militar y política conserva sus privilegios intactos.
La élite militar y la familia Castro, dueñas del combustible que falta al pueblo
Uno de los aspectos más reveladores del actual escenario es que, entre las mipymes autorizadas por las autoridades cubanas para importar combustible, figuran varias entidades vinculadas directamente a la familia Castro y al conglomerado empresarial GAESA, el brazo económico de las Fuerzas Armadas. Esta confirmación, que no sorprende a quienes conocen el funcionamiento real del sistema, evidencia que la estructura de poder ha convertido la escasez en un mecanismo adicional de enriquecimiento y control. Mientras los ciudadanos hacen colas interminables para conseguir una botella de gas o un litro de combustible a precios especulativos, los sectores privilegiados del régimen garantizan el abastecimiento para sus negocios y, de manera prioritaria, para el aparato represivo que sostiene el sistema.
Predicciones dilatadas y una población relegada a la espera
El mes de febrero estuvo marcado por una sucesión de pronósticos que fueron escalando en el tiempo. De las afirmaciones iniciales que situaban el colapso en cuestión de días, se pasó a proyecciones que lo ubicaban antes del verano, hasta que el experto en energía Jorge Piñón advirtió que si para mediados de marzo no se avistaba un tanquero en el horizonte, Cuba habría llegado a su \»hora cero\». Finalmente, el Encargado de Negocios de Estados Unidos, Mike Hammer, declaró que 2026 será el año del cambio, una afirmación que abre una ventana de más de trescientos días para que ese cambio se materialice. Para la población cubana, que soporta el peso real de la crisis, esas declaraciones significan continuar viviendo en una incertidumbre prolongada, a la espera de acuerdos que se discuten entre actores externos sin que los ciudadanos tengan voz ni participación alguna.
La narrativa del bloqueo, esgrimida recurrentemente por la dictadura cubana y sus simpatizantes internacionales, choca con hechos documentados que revelan cómo el régimen ha utilizado las licencias federales concedidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para importar vehículos de alta gama, jacuzzis y artículos de lujo destinados a la élite gobernante. Mientras tanto, la población carece de acceso a transporte público funcional, agua potable y alimentos básicos. Esta contradicción, que ha sido denunciada reiteradamente, no parece suscitar reparos entre quienes defienden acríticamente al gobierno cubano ante la comunidad internacional, pese a que la corrupción sistémica y la ineficiencia del modelo socialista son factores determinantes en el colapso que padecen los ciudadanos desde hace décadas.
El panorama que se dibuja para los próximos meses es de profundización de la crisis en todas sus dimensiones. La combinación de un colapso energético sin solución a corto plazo, una inflación galopante que erosiona cualquier capacidad adquisitiva, un éxodo migratorio que no cesa y una represión que se mantiene como principal herramienta de contención social configura un escenario en el que la población cubana continúa siendo rehén de un sistema que ha demostrado su incapacidad para garantizar las condiciones mínimas de vida. La respuesta de la comunidad internacional, hasta ahora fragmentada y tardía, no parece encaminarse hacia medidas que modifiquen sustancialmente la ecuación de poder en la isla, mientras los sectores que han detentado el control durante más de seis décadas conservan los recursos económicos y coercitivos necesarios para prolongar un estado de cosas que la mayoría de los cubanos considera insostenible.
