Tres ciudadanos liberados tras las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños fueron citados y amedrentados por la Seguridad del Estado, que les prohibió expresarse en redes sociales bajo la amenaza de devolverlos a prisión. Joel Díaz Hernández, Omar Hernández Calzadilla y Miguel Díaz Sosa enfrentan una nueva arremetida del aparato represivo tras exigir la libertad de otro manifestante detenido arbitrariamente.
Los activistas, excarcelados el año pasado tras gestiones diplomáticas que incluyeron al Vaticano y la administración de Estados Unidos, acudieron a una citación obligatoria en la unidad policial de su localidad. Según denunciaron ante medios independientes, permanecieron varias horas bajo custodia y fueron obligados a firmar documentos tras ser sometidos a interrogatorios. Los agentes les advirtieron explícitamente que cualquier publicación en internet sería castigada con la apertura de nuevas causas penales y la anulación de sus beneficios carcelarios.
Represión selectiva contra la exigencia de libertades
La arremetida contra estos tres cubanos se produjo como represalia por difundir una imagen en redes sociales para reclamar la liberación de Denis Hernández Ramírez, otro manifestante del 11J que fue devuelto a la prisión de forma arbitraria hace pocos días. El periodista José Raúl Gallego, quien reportó los hechos, alertó que el modus operandi empleado por las autoridades de la isla es el mismo que se utilizó para revocar la libertad condicional de Hernández Ramírez, lo que augura un escenario de persecución constante para quienes lograron salir del penal.
Estos actos de intimidación no son hechos aislados, sino que forman parte de la maquinaria de control social desplegada por el régimen de La Habana para asfixiar cualquier atisbo de disidencia. La advertencia a los excarcelados ocurre en medio de un contexto de crisis estructural agudizada por la inflación, el desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio sin precedentes. Ante la incapacidad para resolver el colapso económico y social, el gobierno cubano ha optado por recrudecer la vigilancia y el hostigamiento a la ciudadanía, criminalizando el derecho a la libre expresión y la protesta pacífica.
La escalada de amenazas contrasta de forma cínica con el reciente anuncio del ejecutivo cubano sobre el indulto de más de 2.000 reclusos, una medida que intenta proyectar una imagen de apertura hacia la comunidad internacional. Sin embargo, mientras se promueve esta liberación limitada, la dictadura cubana continúa encarcelando y hostigando a opositores y activistas. La situación evidencia que las promesas de flexibilización operan como una mera fachada diplomática, y que la represión sistemática seguirá condicionando la vida y el futuro de quienes se atreven a exigir derechos fundamentales en la isla.
