El régimen de La Habana ha establecido puntos de control en el oriente de la isla para impedir el traslado de víveres y suministros donados por iglesias y organizaciones de la sociedad civil hacia las provincias afectadas por el huracán Melissa, agravando la crisis humanitaria que ya deja a 700.000 personas en situación de vulnerabilidad extrema.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que la dictadura cubana está saboteando el ingreso de asistencia humanitaria a las regiones más castigadas por el reciente ciclón. Según testimonios de activistas y religiosos recogidos por la organización, las autoridades han instalado retenes a la salida de la provincia de Las Tunas y en la entrada a Granma. El objetivo de estas medidas arbitrarias es frenar el paso de ciudadanos provenientes del centro y occidente del país que transportan donativos, principalmente aquellos coordinados por congregaciones cristianas e iniciativas independientes.
Esta política de obstrucción contrasta con la magnitud de la emergencia documentada por organismos internacionales. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas alertó que más del 7% de la población cubana, unas 700.000 personas, requiere asistencia urgente tras el paso del huracán Melissa. El meteoro, que ingresó por el oriente como sistema de categoría tres con vientos superiores a los 190 km/h, arrasó cultivos, destruyó viviendas y colapsó las redes básicas de abastecimiento en Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.
Para hacer frente a la emergencia, el PMA ha movilizado 617 toneladas de alimentos básicos —arroz, granos y aceite— hacia las provincias más golpeadas. Sin embargo, el organismo internacional estima que la mitad de los afectados necesitará apoyo durante al menos tres meses, mientras que el resto podría depender de la asistencia por más de seis meses. Para sostener estas operaciones, se requieren 30 millones de dólares adicionales, de los cuales 25 millones se destinarían exclusivamente a la compra de alimentos.
Control estatal frente a la emergencia ciudadana
La decisión de las autoridades de la isla de monopolizar la distribución de la ayuda, incluso la proveniente de entidades no gubernamentales, refleja una constante en la gestión del régimen de La Habana: la prioridad del control político sobre el bienestar de la población. A pesar de la gravedad del desastre, con acumulados de lluvia de hasta 500 milímetros en zonas montañosas y marejadas que superaron los 3,7 metros sobre el nivel normal del mar, el ejecutivo cubano aún no ha publicado un parte oficial exhaustivo de los daños. La falta de transparencia y el bloqueo a las iniciativas solidarias independientes profundizan el desabastecimiento estructural que padece el país.
El accionar de la dictadura cubana frente a la tragedia natural deja a cientos de miles de personas en un estado de desamparo, condicionando su supervivencia a la voluntad del Estado. Mientras la comunidad internacional y la sociedad civil intentan canalizar recursos para mitigar el desastre, la represión y la censura impiden que la ayuda llegue de manera efectiva y transparente a quienes más lo necesitan, evidenciando una vez más el fracaso del modelo para proteger a sus ciudadanos en momentos de crisis.
