Las autoridades de la isla han arrestado a los reporteros independientes Yunia Figueredo y Frank Correa en La Habana tras negarse a acudir a una citación policial, mientras que en Camagüey permanece recluido el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, acusado de desacato. Estas detenciones se suman a la creciente oleada de hostigamiento contra la prensa no oficial, en un contexto de profundización de la crisis estructural y represiva que atraviesa el país.
La represión contra la prensa independiente volvió a cobrar protagonismo este miércoles con la detención de la periodista Yunia Figueredo y su esposo, el también reportero Frank Correa. Según informó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), la pareja fue arrestada en su domicilio en La Habana después de oponerse a presentarse en la estación policial ubicada en la calle 110, entre 3ra. y 3ra. A, en el municipio Playa. La citación estaba pautada para las 3:00 p.m., pero un agente del régimen se presentó un día antes en su vivienda para advertirles que no podían salir de la misma salvo para asistir al interrogatorio.
Ante esta medida de reclusión arbitraria, ambos periodistas respondieron con firmeza, argumentando que «su vivienda no era un calabozo», según consta en un audio difundido por el ICLEP. Minutos antes de su arresto, Figueredo logró enviar un último mensaje a la organización: «Nos están deteniendo. Ya vienen para acá». Desde ese momento, se ha perdido todo contacto con ellos, generando una profunda preocupación por su integridad física y psicológica, así como por el desconocimiento total de su paradero actual.
El cerco contra la prensa no se limita a la capital. En la provincia de Camagüey, el periodista Henry Constantín, de 40 años y director de la revista digital La Hora de Cuba, permanece encarcelado desde el pasado domingo en la base de la Seguridad del Estado conocida como Villa María Luisa. Su detención se produjo en circunstancias que evidencian el carácter punitivo del aparato represivo, al ser arrestado sin explicaciones cuando acompañaba a la actriz y periodista Iris Mariño a una citación policial en la Tercera Estación de Camagüey.
Al llegar a la estación, a Constantín le fue requisado su carnet de identidad, lo esposaron y lo trasladaron en la patrulla 230 hasta la sede de Operaciones, mientras que Mariño fue liberada ese mismo día. El delito que se le imputa es el de presunto desacato, vinculado directamente a una publicación en la página de Facebook de su revista donde se denunciaba a un oficial de la Seguridad del Estado implicado en actos represivos. Esta criminalización de la denuncia pública es una práctica habitual de la dictadura cubana para impedir la identificación de los responsables de violaciones de derechos humanos.
El académico y periodista exiliado José Raúl Gallego condenó enérgicamente la detención de Constantín, señalando que el régimen pretende «seguir atropellando en las sombras, sin que se sepan sus nombres». Gallego hizo un llamado a la ciudadanía para que toda persona que conozca la identidad de agentes, fiscales o jueces involucrados en abusos los haga públicos. Por su parte, Iris Mariño intentó obtener información sobre el estado del director de La Hora de Cuba, pero el oficial a cargo se negó a declarar, alegando que «después ustedes lo van a publicar todo». Aun así, desde la distancia, le confirmó que el periodista se encuentra bien de salud y le autorizaron una visita de 15 minutos para el próximo lunes, en la que podrá llevarle alimentos y artículos de aseo.
Un patrón sistemático de asfixia informativa
Para el ICLEP, el encarcelamiento de Yunia Figueredo, Frank Correa y Henry Constantín no constituye un hecho aislado, sino que «forma parte de una política sostenida de sofocar la información independiente mediante detenciones exprés, citaciones intimidatorias, cortes de internet y violencia física». La organización ha exigido garantías plenas para la integridad de los reporteros y ha convocado a las entidades internacionales de derechos humanos a activar mecanismos de protección frente a este nuevo escrutinio represivo en la isla.
La estrategia del gobierno cubano contra la prensa no oficializada se ha recrudecido en los últimos años, pasando del hostigamiento intermitente a la judicialización del periodismo. Las citaciones policiales se utilizan como herramientas de tortura psicológica, obligando a los reporteros a pasar horas en celdas sin cargos formales, confiscando sus equipos de trabajo y sometiéndolos a procesos judiciales amañados bajo figuras penales como el desacato, la difamación o la propagación de epidemias, esta última utilizada profusamente durante y después de la pandemia.
Contexto: Represión en medio del colapso sistémico
Estas acciones contra la prensa independiente ocurren en un momento de aguda crisis estructural que atraviesa la nación. El ejecutivo cubano enfrenta una economía en franca decadencia, marcada por una inflación galopante que devora los salarios, el desabastecimiento crónico de productos básicos y un colapso generalizado de los servicios públicos, incluidos el sector energético, con apagones prolongados, y el sistema hospitalario. Esta precariedad material ha detonado un éxodo migratorio sin precedentes, vaciando ciudades y campos de su fuerza laboral, profesionales y jóvenes.
Ante la incapacidad de ofrecer soluciones tangibles a la ciudadanía y el miedo a un estallido social similar al del 11 de julio de 2021, el régimen de La Habana ha endurecido su maquinaria de control social. La represión se ha convertido en la única respuesta institucional viable para el poder, buscando acallar cualquier voz que documente la realidad o cuestione la narrativa oficial. La prensa independiente, que ha suplido la falta de información veraz que el Estado monopoliza a través de los medios oficialistas, se ha convertido en el principal blanco de esta ofensiva.
El caso de Henry Constantín ilustra a la perfección este hostigamiento prolongado. A lo largo de su carrera, el periodista camagüeyano ha sido víctima de múltiples arrestos, amenazas constantes y acoso por parte de las autoridades, simplemente por ejercer su profesión y defender la libertad de prensa. Su revista, La Hora de Cuba, ha mantenido una línea editorial crítica, documentando de manera persistente los abusos de poder y la censura no solo en Camagüey, sino en otras regiones del país, lo que lo ha convertido en un objetivo recurrente de la Seguridad del Estado.
Implicaciones y futuro
La criminalización del trabajo periodístico en Cuba no solo vulnera los compromisos internacionales suscritos por el Estado en materia de derechos humanos, sino que profundiza el aislamiento democrático de la isla. Al perseguir a quienes denuncian a funcionarios o reportan la crisis, el gobierno cubano envía un mensaje claro de censura previa, intentando instalar el miedo en cualquier ciudadano que ose usar las redes sociales para exigir derechos o exponer abusos.
Mientras la dictadura cubana persista en silenciar a sus críticos mediante el encarcelamiento y la intimidación, la comunidad internacional deberá evaluar la eficacia de sus mecanismos de presión diplomática y exigir el cese de estas prácticas. Por ahora, la incertidumbre sobre el destino legal de Figueredo, Correa y Constantín proyecta una sombra preocupante sobre el ya asediado panorama de la libertad de expresión en el país, dejando a la sociedad civil en una mayor vulnerabilidad frente al poder absoluto. La exigencia de su liberación inmediata se convierte en un imperativo para salvaguardar el poco espacio cívico que resiste en la isla.
