El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 225 acciones represivas en Cuba durante el mes de noviembre. El informe, publicado desde Madrid, detalla cómo el régimen de La Habana intensifica la persecución política y la violencia estatal en un contexto de profundo deterioro económico y social que afecta al 89% de las familias cubanas.
De los 225 abusos registrados, 18 corresponden a detenciones arbitrarias y 207 a otras violaciones sistemáticas, tales como retenciones ilegales en viviendas, amenazas, citaciones policiales y malos tratos contra presos políticos. Las provincias de La Habana, Holguín, Guantánamo y Sancti Spíritus concentran la mayor cantidad de casos, evidenciando que el aparato represivo opera sin descanso a lo largo y ancho del territorio nacional para sofocar cualquier atisbo de disidencia.
Represión como única respuesta ante el colapso estructural
Yaxys Cires, jefe de estrategias del OCDH, subrayó que el 89% de las familias cubanas se encuentra en situación de extrema pobreza. Ante la incapacidad de las autoridades de la isla para garantizar el acceso a alimentos y medicinas, o para hacer frente a los brotes epidemiológicos simultáneos que azotan al país, la respuesta gubernamental se ha limitado a la criminalización de cualquier iniciativa ciudadana o política. El Estado no gestiona soluciones para la supervivencia de la población, sino que enfoca sus recursos en la contención social a través del miedo y el acoso.
Hostigamiento más allá de las fronteras
La dictadura cubana ha extendido su maquinaria de amedrentamiento más allá de sus fronteras. El informe alerta sobre el incremento de señalamientos y amenazas a periodistas, activistas e influencers residentes en el extranjero. Un ejemplo alarmante es la denuncia por las amenazas dirigidas contra 18 colaboradores del medio digital El Toque, radicados fuera de Cuba. El OCDH responsabilizó directamente al régimen por el uso de listas negras para intimidar a exiliados y por cualquier daño que estos puedan sufrir en terceros países.
La tendencia represiva no es un hecho aislado, sino una política de Estado sostenida. Entre enero y noviembre de 2025, el observatorio ha contabilizado al menos 2.883 acciones represivas, incluyendo 651 retenciones ilegales en viviendas y 508 detenciones arbitrarias. Estas cifras reflejan una crisis sistémica donde el aparato de seguridad consume los escasos recursos disponibles para mantener el control político, profundizando la asfixia civil y el colapso de los servicios públicos.
La persistencia de este esquema represivo augura un endurecimiento del panorama social en Cuba, con un éxodo migratorio que seguirá en aumento ante la falta de expectativas y el estrangulamiento de las libertades fundamentales. La comunidad internacional observa cómo el ejecutivo cubano prioriza la fuerza frente a la implementación de reformas democráticas, un escenario que debería obligar a una revisión de las posturas diplomáticas y de cooperación frente a un gobierno que viola de manera flagrante los derechos humanos.
