El régimen de La Habana ha inducido un descenso forzado del dólar en el mercado informal, pasando de 490 a 410 pesos en cuestión de días, en medio de una campaña de represión y censura contra los medios independientes que monitorean la economía. La maniobra, que no responde a una mejora en la oferta o la demanda interna, coincide con el oscuro proceso contra el exministro de Economía Alejandro Gil y la visita de una relatora de la ONU a la isla.
Tras el paso del huracán Melissa, las autoridades de la isla han ejecutado un declive planificado de la divisa, reduciendo su precio de diez en diez puntos diarios. Sin embargo, esta caída no refleja las leyes del mercado, ya que la demanda interna de productos básicos y divisas sigue superando ampliamente a la oferta. En las tiendas en dólares y en las mipymes, los precios de los productos esenciales se mantienen inalterados o han aumentado, evidenciando que el desplome cambiario responde a un voluntarismo político y no a una recuperación económica real.
El gobierno cubano ha lanzado una agresiva campaña acusando a portales digitales de \»terrorismo económico\» por reportar la fluctuación del mercado negro. Esta ofensiva de la dictadura busca silenciar a la prensa independiente y, simultáneamente, justificar la asfixia financiera a los negocios privados. Al forzar una baja artificial del dólar, el ejecutivo cubano pretende desplazar a aquellas mipymes que no lograron absorber el encarecimiento previo de las importaciones, consolidando el control estatal y paraestatal sobre las pocas transacciones que aún funcionan en el país.
El paraestado y el oscuro caso de Alejandro Gil
Detrás de la volatilidad cambiaria operan los mismos sectores del poder que, a través de testaferros, habían empujado el dólar hasta rozar los 500 pesos para acaparar divisas por canales irregulares. Ahora, la maniobra inversa les permite comprar dólares al precio más bajo posible antes de implementar un nuevo paquete económico que amenaza con profundizar la vulneración de los derechos elementales de la ciudadanía. Esta dinámica de opacidad y control financiero se entrelaza con la defenestración del exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, señalado por presunto tráfico de divisas en un proceso carente de transparencia.
El procesamiento de Gil, quien apareció vinculado en el pasado a Mirtza Ocaña —detenida en Tampa con más de 100 mil dólares no declarados—, se desarrolla en medio de una aguda crisis humanitaria exacerbada por los desastres naturales. Mientras tanto, la isla recibe la visita de Alena Douhan, relatora especial de la ONU, para evaluar el impacto del embargo estadounidense. La presencia de esta funcionaria, originaria de Bielorrusia, país aliado del régimen, contrasta con la falta de escrutinio internacional sobre las políticas internas que han generado inflación, desabastecimiento y un éxodo migratorio sin precedentes.
La estrategia de la dictadura cubana de manipular el mercado cambiario y sacrificar a figuras como Gil no ofrece soluciones reales a la profunda crisis estructural que asola la isla. La falta de libertades económicas y políticas, sumada a la represión contra quienes intentan documentar la realidad, augura un deterioro mayor en las condiciones de vida de los cubanos. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos enfrentan el reto de exigir transparencia no solo en las sanciones externas, sino en la responsabilidad directa del régimen de La Habana sobre el colapso sistémico del país.
