El preso político Yasser Fernando Rodríguez González fue trasladado arbitrariamente a la prisión de máximo rigor Combinado de Sandino, en la provincia de Pinar del Río, sin recibir explicación alguna por parte de las autoridades penitenciarias. El movimiento, denunciado por el propio recluso, evidencia una vez más el uso del sistema carcelario como herramienta de castigo y aislamiento por parte de la dictadura cubana.
Rodríguez González, quien se encontraba recluido en la Prisión Provincial Kilo 5½, fue obligado por militares a recoger sus pertenencias y subido a un vehículo con destino al occidente de la isla. El recluso sostiene que este traslado, el segundo que sufre hacia esta misma instalación durante su encierro, es una represalia directa por sus constantes quejas y protestas dentro de la cárcel respecto a la escasez de alimentos, la falta de medicamentos y el déficit permanente de agua potable.
Las condiciones de cautiverio que el activista denunció en Kilo 5½ se replican en el Combinado de Sandino, una instalación caracterizada por su lejanía y su régimen severo. Según relató el prisionero, la alimentación es insuficiente y de pésima elaboración, mientras que el hacinamiento y la presencia de vectores como roedores y mosquitos agravan la situación de salud de los reclusos. Yasser Rodríguez, albañil de 42 años, fue encarcelado inicialmente en noviembre de 2020 tras pintar letreros contestatarios en la fachada de su vivienda y emitir opiniones críticas en redes sociales, lo que le valió una condena de siete años por el delito de \»incitación a la rebelión\» tras más de un año de prisión preventiva sin juicio.
Aislamiento familiar y crisis penitenciaria
El traslado al Combinado de Sandino no solo representa un castigo físico y psicológico para el recluso, sino también un cercenamiento del vínculo familiar. Ubicado en el extremo más occidental de Cuba, este centro penitenciario dificulta sobremanera las visitas de los familiares, quienes deben enfrentar el colapso del sistema de transporte y la severa crisis económica que atraviesa la isla. El régimen de La Habana recurre frecuentemente a estos traslados distantes para quebrar la moral de los presos políticos y disuadir a sus familiares de exigir mejores condiciones o visibilizar sus casos ante la opinión pública.
El caso de Yasser Rodríguez González se suma a la larga lista de activistas y ciudadanos encarcelados que sufren maltratos institucionales y penales sin un debido proceso garantista. La persistencia de estas prácticas por parte del gobierno cubano sigue siendo objeto de rechazo por organismos internacionales de derechos humanos, que exigen la liberación de los presos de conciencia y el cese de la represión sistemática en las cárceles de la isla. Mientras tanto, la ciudadanía continúa observando cómo el aparato estatal prioriza la persecución política y el hostigamiento carcelario frente a la resolución de las urgencias sociales y económicas que asolan al país.
