El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, reabrió recientemente el debate sobre la legalidad de las expropiaciones a propiedades estadounidenses realizadas a partir de 1960. Aunque el funcionario defiende que estas medidas se ajustaron al Derecho Internacional y a la Constitución cubana de 1940, los hechos históricos demuestran que el régimen de La Habana desmanteló el ordenamiento constitucional y democrático poco antes de ejecutar las confiscaciones masivas.
En declaraciones difundidas por medios oficiales, el ejecutivo cubano sostiene que las nacionalizaciones fueron \»absolutamente legítimas\» y se ofrecieron propuestas de compensación que Washington rechazó. Para sustentar su postura, las autoridades de la isla apelan a principios del Derecho Internacional, como la Resolución 1803 de la ONU sobre la soberanía de los recursos naturales, y a la doctrina del Acto de Estado respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Sabbatino (1964). Asimismo, el gobierno cubano destaca que sí alcanzó acuerdos de indemnización, aunque por fracciones del valor real, con naciones como España, Canadá, Francia, Reino Unido y Suiza.
Sin embargo, el argumento más vulnerable de la narrativa oficial radica en su apelación a la Constitución de 1940. El artículo 24 de esa Carta Magna prohibía expresamente la confiscación de bienes y exigía el previo pago de una indemnización en efectivo, fijada judicialmente, por causas de utilidad pública. La dictadura cubana, tras tomar el poder en 1959, ignoró este precepto al promulgar la Ley Fundamental en febrero de ese año, sustituyendo de facto la Constitución sin seguir el procedimiento legal de reforma, disolviendo el Congreso y anulando las instituciones democráticas.
Promesas rotas y origen del modelo económico actual
Esta ruptura del Estado de derecho contrasta frontalmente con los compromisos adquiridos por Fidel Castro en el Manifiesto de la Sierra Maestra de 1957, donde prometió restablecer la Constitución de 1940 y convocar elecciones libres. La traición a estas promesas y el inicio de las expropiaciones masivas, a pesar de las negaciones iniciales del líder rebelde, marcaron el nacimiento del modelo económico centralizado que hoy prevalece en la isla. La estatización forzosa de la propiedad privada sentó las bases de la ineficiencia productiva que, décadas después, ha derivado en el colapso estructural, la hiperinflación y el desabastecimiento que sufren los cubanos en la actualidad.
El debate sobre la legitimidad de aquellas confiscaciones no es solo una disputa jurídica o diplomática entre La Habana y Washington, sino el origen de un litigio que condiciona el futuro de la nación. La falta de garantías jurídicas y la arbitrariedad en la expropiación de bienes sin compensación adecuada disuaden cualquier inversión extranjera seria y plantean un desafío monumental para cualquier transición futura hacia la democracia, que inevitablemente deberá abordar el problema de la restitución de propiedades y la reconstrucción del tejido económico destruido por décadas de control estatal absoluto.
