La Defensa Civil de Cuba ha difundido una \»Guía Familiar para proteger a la población ante una agresión militar\» que, lejos de ofrecer soluciones viables, expone la profunda desconexión del régimen de La Habana con la crisis estructural que atraviesa el país. Las recomendaciones, que incluyen la adquisición de mochilas, alimentos no perecederos, radios a manivela y medicamentos, resultan inalcanzables para la mayoría de la población frente a la hiperinflación y el desabastecimiento generalizado.
El documento, ampliamente difundido por los medios estatales y aliados internacionales como Russia Today y Telesur, insta a las familias a preparar una \»mochila familiar\» con agua potable y alimentos. Sin embargo, en el contexto económico actual, una mochila de calidad tiene un costo que ronda los 15.000 pesos en el mercado informal, un monto inasumible para el salario medio de los cubanos. Además, las recomendaciones científicas indican que en el clima de la isla una persona requiere al menos dos litros de agua diarios; una familia de cinco miembros tendría que cargar 10 litros, un peso y volumen imposibles de transportar en una mochila común, especialmente para ancianos o personas con movilidad reducida.
Las orientaciones del gobierno cubano también exigen llevar alimentos de larga duración, como enlatados o galletas, y un \»radio con energía alternativa\». Estos productos solo se consiguen en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) o en las mipymes a precios exorbitantes, excluyendo de facto a quienes no reciben remesas del exterior. La situación se agrava con la exigencia de incluir medicamentos básicos y linternas. La crisis sanitaria es tan severa que ni siquiera los hospitales cuentan con los fármacos necesarios, y los analgésicos o antibióticos deben adquirirse en el mercado negro a precios inaccesibles para el bolsillo popular.
El abandono de la infraestructura civil y el terror psicológico
La guía omite un detalle fundamental: hacia dónde deben dirigirse los ciudadanos en caso de un ataque aéreo. Los refugios y túneles construidos en La Habana durante la década de 1980 se encuentran hoy tapiados, derrumbados o inundados por la falta de mantenimiento, evidenciando el deterioro de la infraestructura pública tras décadas de negligencia institucional. Ante esta realidad, la población desconoce los puntos de evacuación, lo que convertiría cualquier intento de resguardo en un caos inevitable, con un potencial balance de víctimas civiles que se contarían por millares.
Para la dictadura cubana, la promoción de este tipo de material responde más a una estrategia de terror psicológico que a una planificación efectiva de defensa civil. Al insistir con la retórica de que \»las bombas no tienen nombres\», el régimen busca aterrorizar a la población con la amenaza de un ataque extranjero, desviando la atención de los verdaderos problemas nacionales. Esta campaña evidencia cómo el aparato estatal instrumentaliza el miedo para mantener el control social, mientras deja a los ciudadanos en total indefensión ante una crisis económica y sanitaria que el propio sistema ha provocado y se muestra incapaz de resolver.
