Un grupo de influyentes legisladores estadounidenses ha solicitado formalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una evaluación urgente sobre la presunta colaboración en materia de inteligencia y seguridad entre China y Cuba. La petición subraya el grave riesgo estratégico que representan las capacidades de espionaje electrónico desplegadas por el régimen chino a escasos 150 kilómetros de la costa continental de Estados Unidos, advirtiendo que la isla se está transformando en un enclave de vigilancia de alto nivel.
La misiva, dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue firmada por los presidentes del Comité de Seguridad Nacional y del Comité Selecto sobre la Competencia Estratégica con el Partido Comunista Chino, Mark E. Green y John Moolenaar, respectivamente. También se sumaron a la iniciativa los representantes Carlos Giménez, Sheri Biggs y Elijah Crane. En el documento, los congresistas alertan que «la República Popular China está posicionándose para erosionar sistemáticamente las ventajas estratégicas de EE.UU. sin disparar un solo tiro», evidenciando una nueva fase en la tensión geopolítica del hemisferio occidental.
Según el texto respaldado por análisis técnicos independientes e imágenes satelitales, el gobierno cubano ha facilitado el terreno para que Pekín establezca o finalice la construcción de sofisticadas instalaciones de inteligencia de señales (SIGINT, por sus siglas en inglés). Estos emplazamientos, documentados en reportes del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) publicados en 2024, incluyen estaciones de escucha y monitoreo en Bejucal, Wajay, Calabazar y El Salao, distribuidas estratégicamente en el territorio nacional.
El informe técnico detalla que, aunque la actividad en el sitio de El Salao parece haberse detenido temporalmente, «la instalación de Bejucal continúa en una expansión significativa». Esta mejora incluye la instalación de una antena circular de amplio espectro (CDAA, por sus siglas en inglés) y el reposicionamiento de platos satelitales de alta capacidad. Por su parte, las autoridades de la isla mantienen operativos los emplazamientos de Calabazar y Wajay, ubicados en las cercanías de La Habana, los cuales funcionarían como nodos de apoyo dentro de una red SIGINT mucho más amplia y compleja.
Capacidades de monitoreo y vulnerabilidad cibernética
La presencia de estas infraestructuras tecnológicas permite a la alianza entre Pekín y el régimen de La Habana ejecutar operaciones de inteligencia de alto impacto. Los legisladores advierten que estas instalaciones podrían usarse para «monitorear las capacidades estadounidenses de detección y respuesta, trazar perfiles electrónicos de activos militares y preparar el entorno electromagnético para una futura explotación». Esta capacidad de penetración en el espectro electromagnético representa un desafío directo a la doctrina de defensa continental que Estados Unidos ha mantenido durante décadas.
La preocupación de Washington se extiende más allá del espionaje tradicional hacia el ámbito estrictamente cibernético y de las telecomunicaciones. Los congresistas recordaron que desde el año 2000, China ha inyectado casi 8.000 millones de dólares en proyectos clave dentro de la isla. Entre estos figuran el desarrollo del puerto de Santiago de Cuba y el tendido de una red nacional de telecomunicaciones construida íntegramente por Huawei y ZTE, dos empresas que han sido sancionadas repetidamente por el ejecutivo estadounidense debido a sus vínculos con la inteligencia china.
El temor a una infraestructura comprometida se vio respaldado recientemente por las declaraciones del general Dan «Razin» Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, ante el Congreso. Caine confirmó que operativos del Cibercomando de EE.UU. detectaron malware de origen chino infiltrado en redes de varios países de América Latina. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que Cuba no solo sirve como plataforma de escucha, sino como un posible laboratorio y nodo de distribución para actividades cibernéticas hostiles en la región.
Ante este panorama, los firmantes exigieron al DHS un informe exhaustivo que detalle el alcance de estas operaciones y las vulnerabilidades críticas que generan. «El hecho de que estas actividades ocurran tan cerca de nuestras costas y sin una respuesta unificada representa un riesgo que no podemos permitirnos ignorar», concluyó el grupo legislativo, presionando para que la Casa Blanca adopte medidas más enérgicas frente a la triangulación estratégica entre la dictadura cubana y el Partido Comunista Chino.
Contexto: La entrega de soberanía como mecanismo de supervivencia
La concesión de instalaciones de espionaje a potencias extranjeras no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del colapso estructural que sufre la isla. El régimen de La Habana, asfixiado por su propia ineficiencia económica, la falta de productividad y la imposibilidad de generar ingresos legítimos, ha recurrido históricamente a la «venta» de su soberanía territorial y geopolítica a cambio de subsidios y salvavidas financieros. Lo que en la Guerra Fría fue la Unión Soviética, hoy es China y, en menor medida, Rusia e Irán.
Mientras el gobierno cubano se dedica a facilitar plataformas para la guerra electrónica de Pekín, la realidad interna de la isla se deteriora a un ritmo acelerado. La ciudadanía enfrenta una hiperinflación galopante, apagones que superan las 10 horas diarias en varias provincias, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, y la devaluación constante de su moneda. Esta crisis multidimensional ha provocado el mayor éxodo migratorio de la historia reciente del país, con cientos de miles de cubanos huyendo hacia Estados Unidos y otras naciones del continente en busca de supervivencia básica.
Es en este escenario de miseria generalizada donde la dictadura cubana demuestra sus verdaderas prioridades. En lugar de destinar los 8.000 millones de dólares de inversión china a la reactivación de la agricultura, la red eléctrica nacional o el sistema sanitario —hoy en estado de coma profundo—, las autoridades de la isla priorizan el endurecimiento de su aparato represivo y la integración en redes de espionaje internacional. La instalación de antenas de amplio espectro en Bejucal contrasta de manera brutal con la falta de medicamentos en las farmacias y el colapso del transporte público.
Antecedentes históricos y consecuencias a futuro
La utilización de Cuba como puesto de escucha avanzado tiene antecedentes directos en la Guerra Fría. La base de Lourdes, operada por la inteligencia soviética y luego rusa hasta su cierre en 2001, fue el centro de espionaje electrónico más grande fuera de la URSS. Desde allí, se monitoreaban las comunicaciones civiles y militares de Estados Unidos. La actual expansión china en Bejucal y otras localidades representa una modernización tecnológica de aquel mismo modelo de dependencia, adaptado a la era digital y a la guerra de redes, donde el control de los datos y el ciberespacio son fundamentales.
A nivel político, esta revelación podría endurecer significativamente la política exterior de Washington hacia la isla. La presión del Congreso podría traducirse en nuevas rondas de sanciones dirigidas a funcionarios del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y a entidades estatales vinculadas a la gestión de estos polos tecnológicos. Asimismo, obliga a la comunidad internacional a repensar la postura de la Unión Europea y países latinoamericanos que aún mantienen relaciones diplomáticas normalizadas sin exigir contrapartidas en materia de derechos humanos y transparencia.
Para el pueblo cubano, el costo de esta alianza geopolítica será altísimo. La militarización del territorio nacional con fines de espionaje foráneo no solo aísla aún más al país del comercio y la inversión occidental, sino que consolida el control absoluto de la dictadura sobre la información y las telecomunicaciones internas. La misma red construida por Huawei y ZTE que facilita el espionaje hacia el norte, es utilizada por el régimen para vigilar, censurar y reprimir a los activistas y ciudadanos que intentan organizarse en la isla, cerrando aún más el cerco sobre la ya asediada sociedad civil cubana.
