El Sistema de Naciones Unidas en Cuba entregó un cargamento de insumos médicos esenciales para mitigar la crisis sanitaria en el oriente de la isla tras el paso del huracán Melissa. Sin embargo, la donación internacional llega en medio de la denuncia de que las autoridades de la isla impiden el ingreso de ayuda humanitaria proveniente de iglesias y organizaciones independientes a las zonas más afectadas.
El cargamento, arribado al aeropuerto internacional José Martí en La Habana, consta de 69 kits de atención médica que incluyen antibióticos, antihipertensivos y equipos básicos de diagnóstico, así como 8.220 mosquiteros y sales de rehidratación oral. Según informó la prensa estatal, el objetivo es asistir a más de 90.000 personas en los territorios orientales golpeados por el meteorólogo. La distribución de los insumos, escasos en el sistema de salud nacional, estará a cargo del Ministerio de Salud Pública, priorizando las instituciones con mayores déficits.
El panorama en la región es de extrema vulnerabilidad. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU advirtió que cerca de 700.000 cubanos, lo que representa más del 7 % de la población total, requieren asistencia humanitaria urgente debido a los severos daños en viviendas, cultivos y redes de abastecimiento dejados por el huracán. Esta situación de emergencia se suma al colapso estructural de los servicios públicos y la profunda crisis económica que atraviesa la nación caribeña.
Control estatal y obstrucción de la solidaridad independiente
Pese a la urgencia de la crisis, la dictadura cubana ha sido señalada por impedir el flujo de ayuda humanitaria organizada por la sociedad civil. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la implementación de \»puntos de control\» a la salida de la provincia de Las Tunas y en la entrada a Granma, diseñados para bloquear el paso de ciudadanos y religiosos que transportan víveres y medicamentos recolectados de forma independiente, principalmente por iglesias cristianas provenientes del centro y occidente del país.
El OCDH exigió al régimen de La Habana que permita el libre tránsito de la asistencia social y cese su afán por monopolizar la distribución de los recursos, incluso los provenientes de organizaciones no gubernamentales. Activistas en el terreno confirmaron que el gobierno busca mantener una estricta vigilancia sobre la ayuda, una práctica que agrava las precarias condiciones de supervivencia de los habitantes en el oriente del país y refleja la criminalización de la solidaridad ciudadana.
La negativa del ejecutivo cubano a descentralizar la gestión de la crisis augura un empeoramiento de las condiciones de vida para cientos de miles de damnificados que dependen de la asistencia externa. Ante la magnitud del desastre y la evidente incapacidad estatal para responder, la presión de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos se vuelve indispensable para exigir transparencia en el reparto de los recursos y el cese de la represión contra las iniciativas sociales autónomas.
