Una mujer residente en Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque, ha hecho pública su desesperada decisión de vender uno de sus órganos para poder adquirir una vivienda segura para su hija menor, evidenciando la profunda crisis de acceso a la propiedad que azota a la isla. Iseilys Valdés Oña, madre soltera, recurrió a las redes sociales para exponer su situación tras agotar todas las opciones dentro del maltrecho sistema económico cubano.
Valdés Oña, quien se dedica a la manicura y al comercio informal para sostener a su hija de 11 años, reside actualmente en un inmueble prestado que presenta un elevado riesgo de derrumbe. La imposibilidad de generar ingresos suficientes para acceder al mercado inmobiliario, sumada a la precariedad estructural de su actual refugio, la ha llevado a contemplar la venta de un riñón como única vía para asegurar el futuro de su menor. En su publicación, la mujer detalló que busca dejarle \»una casita con dignidad\» a la niña, ante la total ausencia de alternativas que ofrece el Estado.
La situación de la residente de Mayabeque se agrava por la falta de protección institucional frente a la violencia. Según relató, el padre de la niña, con antecedentes de alcoholismo y comportamientos violentos, la hostiga constantemente en el lugar donde reside. La víctima se ha abstenido de presentar una denuncia formal ante las autoridades de la isla, argumentando que el cuarto donde vive pertenece legalmente a su agresor y temiendo un desalojo inminente. Este caso expone no solo la vulnerabilidad económica, sino también el fracaso de los mecanismos de seguridad ciudadana para proteger a las mujeres en situaciones de riesgo.
El fracaso del modelo estatal y la crisis de vivienda
El dramático caso de Iseilys Valdés es un reflejo más del colapso sistémico que atraviesa Cuba, donde el régimen de La Habana ha sido incapaz de garantizar uno de los derechos básicos consagrados en su propia constitución: el acceso a una vivienda digna. Décadas de políticas centralizadas, corrupción burocrática y abandono del fondo habitacional han derivado en un déficit estructural que afecta a miles de familias, con especial crudeza en los hogares encabezados por mujeres. La inflación galopante y los salarios devaluados hacen imposible que un trabajador promedio, incluso con emprendimientos informales, pueda costear una propiedad sin recurrir a remesas del exterior.
Ante la indolencia del ejecutivo cubano, la ciudadanía se ve obligada a tomar medidas extremas de supervivencia, normalizando la tragedia social. La petición de Valdés Oña trasciende la anécdota individual y se erige como un síntoma de la desesperanza generalizada que impulsa el éxodo migratorio masivo y la degradación del tejido social. Mientras la dictadura cubana mantenga su control sobre los recursos y reprima la libre iniciativa que podría reactivar la economía, escenarios como este seguirán multiplicándose, dejando a los sectores más vulnerables en un total desamparo legal y material.
