Un joven de 19 años natural de Ciego de Ávila falleció mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en la unidad de El Morro, en La Habana, convirtiéndose en la segunda víctima mortal en menos de una semana dentro de las filas castrenses en Cuba. El deceso ocurre en medio de un hermético silencio institucional y versiones contradictorias entregadas a los familiares, evidenciando una vez más la opacidad con la que la dictadura cubana administra la información sobre la vida y muerte de los reclutas.
Según reportes de plataformas independientes y testimonios de allegados, la familia de Lázaro Daniel Monteros ha recibido al menos tres versiones diferentes sobre las causas de su muerte por parte de las autoridades de la isla. Una de las hipótesis más difundidas apunta a un impacto en la cabeza del joven, aunque el régimen de La Habana no ha ofrecido detalles oficiales sobre cómo se produjo el fatal incidente. Esta falta de transparencia ha generado profunda indignación entre sus familiares, quienes exigen respuestas que el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) se ha negado a proporcionar.
El fallecimiento de Monteros se suma al de Antonio Rassi, un recluta de 18 años que perdió la vida días atrás en la Unidad Militar El Calvario, también en la capital. Fuentes consultadas por medios independientes indicaron que el joven habría decidido quitarse la vida tras un evidente deterioro en su salud mental, el cual pasó desapercibido por sus superiores. Testigos denunciaron que a Rassi se le entregó un arma de fuego sin haber sido sometido a una evaluación psicológica adecuada, pese a mostrar signos claros de inestabilidad y un rechazo absoluto al servicio militar.
Un sistema cuestionado y sin rendición de cuentas
Las muertes de estos dos jóvenes se inscriben en una tendencia alarmante. De acuerdo con documentación de la organización legal Cubalex, al menos 15 reclutas han perdido la vida en lo que va de 2025 durante el cumplimiento del SMO. Las causas documentadas abarcan desde negligencias médicas y accidentes en el Cuerpo de Prevención hasta disparos y autolesiones. Activistas y padres de familia advierten que el servicio militar, lejos de ser una etapa de formación cívica, opera como un entorno de abusos y riesgos extremos para adolescentes, exacerbado por la profunda crisis estructural que atraviesa la nación y la falta de mecanismos de control democrático.
La inacción del ejecutivo cubano frente a esta sucesión de tragedias refleja la deshumanización de las políticas estatales frente a su propia juventud. Ante la ausencia de investigaciones transparentes, organizaciones de la sociedad civil intensifican sus reclamos para derogar el carácter obligatorio del servicio militar, una exigencia que también pone sobre la mesa la responsabilidad de la comunidad internacional de monitorear las violaciones de derechos humanos dentro de las instituciones castrenses de la isla. Mientras tanto, el silencio oficial continúa protegiendo la impunidad y alimentando el temor de cientos de familias cubanas.
