El Centro de Información Legal Cubalex denunció la muerte de Abraham Carmenate Hervás, un joven de 25 años que perdió la vida bajo custodia en la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, víctima del abandono institucional y la falta de atención médica adecuada por parte de las autoridades penitenciarias.
Según los reportes, Carmenate Hervás padecía epilepsia y presentaba crisis frecuentes que habían requerido traslados al hospital provincial, de donde era devuelto sistemáticamente al penal. Pese a las reiteradas solicitudes de libertad extrapenal presentadas por sus familiares, la comisión médica del régimen de La Habana determinó que el recluso estaba \»apto\» para continuar privado de libertad, ignorando el evidente deterioro de su salud.
La madrugada del pasado 8 de agosto, el joven sufrió una nueva crisis epiléptica. Tras administrarle un medicamento, el personal penitenciario lo dejó en el suelo, sin vigilancia ni seguimiento médico pertinente. Horas más tarde, fue hallado sin vida. Esta tragedia refleja la crudeza de un sistema carcelario donde la indiferencia estatal cuesta vidas sin que exista rendición de cuentas alguna.
Un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos
El deceso de Carmenate Hervás no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón sistemático de muertes bajo custodia en la isla. Un informe reciente de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia reveló que al menos 24 personas fallecieron bajo control del Estado cubano durante el primer semestre de 2025. De estas, ocho fueron consecuencia directa de la negación deliberada de atención médica, una de las prácticas de maltrato más recurrentes denunciadas en las prisiones del país.
La muerte de este joven recluso evidencia una vez más la violación sistemática de los derechos humanos en las cárceles cubanas, donde la dictadura prioriza el castigo y el control sobre la integridad física de los reclusos. Ante la pasividad del ejecutivo cubano para investigar estos sucesos y castigar a los responsables, la presión de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos se vuelve indispensable para exigir justicia y poner fin a la impunidad que ampara la negligencia médica en el sistema penitenciario de la isla.
