Una mujer trans identificada como Merlía Catriona Martínez fue impedida de ingresar a la Prisión Provincial de Mujeres de Holguín para visitar a una familiar, tras ser obligada por las autoridades a presentarse con ropa de hombre. El incidente evidencia una vez más la brecha entre la retórica institucional de inclusión y la realidad represiva que ejerce la dictadura cubana contra la comunidad LGBTQ+ dentro de las estructuras del Estado.
Según el testimonio de Martínez, funcionarias a cargo del penal le prohibieron el acceso argumentando que debía acudir \»vestida de hombre\», específicamente con pantalón, pulóver y el cabello recogido bajo una gorra. La oficial a cargo justificó la negativa alegando que la joven es \»un hombre\» y que su nombre no aparecía registrado en el sistema, pese a que la denunciante asegura que su prima había incluido sus datos una semana antes. Finalmente, solo se le permitió entregar alimentos y pertenencias para la reclusa.
La afectada calificó el hecho como un acto de transfobia institucional por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y cuestionó la eficacia del Código de las Familias, aprobado en 2022 bajo la promesa de ampliar derechos sexuales y de género. Esta vulneración ocurre a pesar de que el artículo 42 de la Constitución cubana prohíbe explícitamente la discriminación por motivos de identidad de género, un marco legal que el régimen de La Habana utiliza a nivel internacional como fachada de progreso social, mientras en la práctica permite el abuso de poder en sus instalaciones.
Represión sistemática y antecedentes de abuso policial
Este no es un caso aislado en la vida de Martínez ni en el accionar de las fuerzas del orden en la isla. En 2021, mientras aguardaba para entrar a una tienda en Cabaiguán, un oficial de la PNR la abordó de forma hostil cuestionando su presencia en un espacio público \»vestida de mujer\». Tras invocar sus derechos constitucionales, el agente la amenazó con procesarla por \»peligrosidad\», la esposó y la condujo a una unidad policial, donde le impusieron una multa de 1.000 pesos bajo el pretexto del uso incorrecto del nasobuco. Aquella sanción demostró ser un montaje para amedrentarla y fue revocada posteriormente tras la denuncia pública, resultando en una leve sanción interna para el oficial implicado.
Ante la imposibilidad de viajar largas distancias y la negativa de renunciar a su identidad, Martínez exige una solución urgente para poder visitar a su prima el próximo martes sin ser humillada. El caso refleja la crisis estructural de derechos que padecen los cubanos bajo el control absoluto del Estado, donde la arbitrariedad de los funcionarios prevalece sobre las leyes y la dignidad ciudadana, dejando a las minorías en total estado de indefensión ante la maquinaria represiva del gobierno cubano.
