La Misión Internacional Independiente de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos han revelado un patrón sistemático de represión, tortura y violencia sexual ejercido por el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales, incluyendo la detención arbitraria de al menos 220 menores de edad en un clima de absoluto desprecio por las garantías procesales.
Los informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra detallan que la respuesta estatal frente a la crisis postelectoral no se limitó a hechos aislados, sino que constituyó una lógica de persecución política. La dictadura venezolana implementó detenciones masivas y selectivas, recurriendo a figuras penales como \»terrorismo\» e \»incitación al odio\» para criminalizar la disidencia. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha sido señalada como el principal brazo ejecutor de estas violaciones, utilizando sus instalaciones para infligir malos tratos, siembra de pruebas y agresiones sexuales a los detenidos.
La crudeza del diagnóstico evidencia que la represión no respetó límites de edad, documentándose la reclusión de adolescentes entre 13 y 17 años. Durante su cautiverio, estos menores sufrieron incomunicación, tratos crueles y abusos sexuales, ignorando por completo su condición y el interés superior del niño. La jefa de la Misión, Marta Valiñas, confirmó que estos abusos forman parte de una estrategia diseñada para \»castigar y quebrar a las víctimas\». Por su parte, el Alto Comisionado Volker Türk alertó sobre el uso de una aplicación móvil estatal para fomentar la delación entre ciudadanos, una práctica que profundiza el miedo, la desconfianza y la autocensura en la sociedad civil.
El fraude como detonante del terrorismo de Estado
Esta escalada de violencia institucional se desató tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral, que proclamó ganador a Nicolás Maduro sin ofrecer un desglose público y verificable de los resultados. Ante la falta de transparencia, la oposición, liderada políticamente por María Corina Machado y con Edmundo González como candidato, presentó actas que evidencian una realidad distinta a la oficializada. La criminalización del reclamo ciudadano y el uso del aparato estatal para silenciar la protesta reflejan un modelo autoritario que comparte tácticas y estrategias de control social con el régimen de La Habana, donde la represión selectiva y el amedrentamiento son herramientas permanentes para evitar el colapso del sistema.
Las revelaciones de Naciones Unidas ponen a la comunidad internacional ante la obligación de actuar frente a las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. La impunidad con la que operan las fuerzas de seguridad venezolanas y el hostigamiento continuo a la prensa y la sociedad civil auguran un escenario de profundización de la crisis institucional y el inevitable incremento del exodo migratorio. La exigencia de la liberación de los presos políticos y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas se presenta como el único camino viable para frenar el avance de la dictadura sobre los derechos fundamentales de la población.
