Un grupo de activistas y miembros del exilio cubano en España realizaron una protesta frente al Consulado de Cuba en Madrid para denunciar el uso propagandístico que hace el régimen de La Habana del Día Internacional de los Trabajadores y para exigir la liberación inmediata de los presos políticos en la isla.
La acción tuvo lugar en la calle Paseo de La Habana, sede de la representación consular en la capital española. Activistas como Lázaro Mireles y Avana de la Torre encabezaron una protesta performática que representaba la obediencia ciega impuesta por el sistema, utilizando máscaras y consignas para posteriormente exhibir los rostros, nombres y condenas de cubanos encarcelados por motivos políticos. Los manifestantes, entre los que se encontraban miembros del Movimiento Somos+, buscaron contrastar esta realidad con el desfile oficial convocado por las autoridades de la isla.
Para los organizadores, la fecha ha sido utilizada durante décadas por la dictadura cubana como una vitrina propagandística, destinada a ocultar la represión sistemática contra la disidencia. Mientras el gobierno cubano convocaba a celebrar el primero de mayo bajo la consigna \»La Patria se defiende\» y atribuía las restricciones del evento a las medidas económicas internacionales, el exilio en Madrid denunciaba la contradicción de un Estado que habla de derechos laborales mientras encarcela a quienes exigen libertades fundamentales.
Escalada represiva y cifras de derechos humanos
La protesta en Madrid pone el foco en una de las crisis más graves en materia de derechos humanos en la isla. Según informes recientes de la organización Prisoners Defenders, a cierre de marzo existían 1.250 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba, sometidos a sentencias judiciales o limitaciones de libertad impuestas por fiscalías sin supervisión efectiva. El registro documenta 44 nuevos encarcelados en marzo, vinculados a protestas sociales por apagones y escasez de alimentos, e incluye a 33 personas que fueron detenidas siendo menores de edad.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han respaldado estas denuncias, advirtiendo que más de 700 presos políticos permanecen tras las rejas. El informe de la entidad señaló que, de los 2.010 reclusos cuya liberación fue anunciada por el ejecutivo cubano a principios de abril, ninguno respondía a los perfiles de activistas o manifestantes identificados por la sociedad civil. Esta discrepancia evidencia la negativa del régimen a desescalar la represión política, a pesar de la presión y el escrutinio internacional.
Las iniciativas impulsadas por el exilio buscan mantener la atención sobre la isla en un momento de aguda crisis estructural, marcada por la inflación, el colapso de los servicios públicos y un éxodo migratorio sin precedentes. La exigencia de amnistía para los presos políticos se consolida como una condición ineludible para cualquier acercamiento diplomático, mientras la sociedad civil dentro y fuera de Cuba continúa documentando las violaciones de derechos humanos que el aparato propagandístico del Estado intenta silenciar.
