Representantes de la sociedad civil cubana comparecieron ante el Parlamento canadiense para exigir una acción coordinada que fomente la apertura democrática en Cuba. Los activistas señalaron que la profunda crisis que atraviesa la nación es consecuencia directa del modelo económico y político impuesto por el régimen de La Habana, y pidieron que la ayuda humanitaria se canalice sin intermediación estatal.
En una audiencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Canadá, el director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Yaxys Cires, enfatizó la necesidad de un \»cambio estructural\» frente a las reformas superficiales que intenta implementar el gobierno cubano. La petición central de las organizaciones es que Ottawa impulse una estrategia internacional que condicione la cooperación al respeto de las libertades civiles, la iniciativa privada y los derechos humanos fundamentales.
Los activistas aprovecharon el espacio para advertir sobre el manejo de los recursos externos. Cires solicitó que la asistencia humanitaria se entregue de forma directa a la población vulnerable, a través de iglesias y entidades independientes, evitando así la confiscación o desvío por parte de las autoridades de la isla. Asimismo, urgió a Canadá y a otros países inversores a exigir modificaciones en el régimen laboral de las empresas extranjeras, el cual vulnera derechos básicos al impedir la contratación directa y al retener los salarios mediante agencias estatales.
Responsabilidad del régimen en el colapso sistémico
La intervención también puso el foco en la represión política ejercida por la dictadura cubana. Cires recordó que más de 800 personas permanecen encarceladas por motivos de conciencia y subrayó que la actual situación de desabastecimiento, apagones y colapso sanitario no es coyuntural, sino el resultado de décadas de políticas fallidas basadas en una economía planificada que asfixia la libertad social y productiva. El deterioro de los hospitales, la falta de insumos médicos, el derrumbe de viviendas y la acumulación de basura en las calles son, según el activista, la evidencia visible de un modelo agotado.
La comparecencia contó con la participación de otras figuras de la disidencia como Carolina Barrero Ferrer, de Ciudadanía y Libertad, y Kirenia Carbonell, de la Coalición Cubano-Canadiense. Barrero Ferrer fue tajante al desmontar la narrativa oficial sobre el embargo estadounidense, señalando que la causa del empobrecimiento es el propio régimen y no las sanciones externas. Por su parte, Carbonell alertó que la ayuda internacional no puede gestionarse en un entorno donde la dictadura criminaliza a la sociedad civil y monopoliza la distribución de recursos a través de las mismas estructuras que han provocado la crisis.
El llamado de la sociedad civil cubana al ejecutivo canadiense representa un esfuerzo por redirigir la política exterior hacia la transparencia y la rendición de cuentas. La exigencia de no legitimar al gobierno cubano mientras persista la represión y el secuestro institucional de la economía plantea un desafío diplomático para Ottawa y para la comunidad internacional. De adoptarse estas medidas, la presión coordinada podría convertirse en un factor determinante para aliviar el sufrimiento de la población en la isla y condicionar cualquier apoyo futuro a verdaderos avances democráticos.
