Daniel Ortega anunció la supresión definitiva de los comicios en Nicaragua, declarando que \»no volverá a haber elecciones\» y adelantando nuevas leyes para bloquear cualquier participación opositora, en un movimiento que replica las estructuras de control político ya instauradas en Cuba desde hace más de seis décadas.
El anuncio fue realizado durante el acto central del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, en Managua. Ortega justificó la medida argumentando que los grupos opositores son \»organizaciones creadas y financiadas por Estados Unidos\» y adelantó que impulsará junto a la Asamblea Nacional nuevas normas para levantar \»un muro, un bloque\» contra lo que calificó como \»golpistas y vendepatrias\». Con esta declaración, quedan cancelados en términos políticos los comicios generales previstos para noviembre de 2027.
La medida profundiza una tendencia que ya estaba en marcha. En enero de 2025, la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— aprobó una reforma constitucional que extendió los mandatos de cinco a seis años, elevó a Rosario Murillo al cargo de \»copresidenta\» y colocó bajo la coordinación de la Presidencia los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y de control del Estado. Las presidenciales de 2021 ya habían sido ampliamente cuestionadas tras el encarcelamiento de aspirantes opositores con posibilidades reales de competir, la detención de dirigentes empresariales y la criminalización sistemática de la disidencia.
Un patrón familiar para los cubanos
Para los observadores de la realidad cubana, el escenario nicaragüense resulta dolorosamente familiar. La eliminación de la competencia electoral, la concentración de poder en una figura presidencial sin contrapesos institucionales, la criminalización de la disidencia y el cierre del espacio cívico reproducen con notable precisión el modelo instaurado por el régimen de La Habana desde 1959. La diferencia es que mientras la dictadura cubana construyó su andamiaje autoritario a lo largo de décadas, Ortega y Murillo han acelerado el proceso en menos de veinte años.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó el anuncio este martes y sostuvo que Ortega y Murillo \»habían abandonado incluso la apariencia de consentimiento popular\». \»El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas\», afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. Por su parte, el analista Tiziano Breda, de la organización ACLED, interpretó la medida como evidencia del temor del régimen a que cualquier apertura política facilite el surgimiento de un movimiento opositor capaz de amenazar su permanencia en el poder: \»En lugar de escenificar una elección amañada, han optado por eliminar por completo la competencia electoral\».
Represión sistemática y exilio forzado
El anuncio se produce en el marco de una campaña represiva prolongada. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 46 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, cifra que el régimen niega. Desde las protestas de 2018, las autoridades han cerrado más de 5.000 organizaciones religiosas, civiles y educativas, han despojado de la nacionalidad y los bienes a opositores y han forzado a miles de nicaragüenses al exilio. El excandidato presidencial Félix Maradiaga, encarcelado entre 2021 y 2023 y posteriormente expulsado a Estados Unidos, interpretó las palabras de Ortega como una admisión explícita de que su proyecto no está dispuesto a someterse a ninguna forma de competencia democrática.
La consolidación del autoritarismo nicaragüense refuerza el eje represivo que Cuba ha exportado históricamente a la región y plantea interrogantes urgentes sobre la respuesta de la comunidad internacional. Mientras los regímenes de La Habana y Managua profundizan su convergencia política e ideológica, los pueblos de ambas naciones comparten una misma tragedia: la negación de su derecho a decidir su futuro mediante el voto, el silenciamiento de la disidencia y la imposición de un modelo que se sostiene no por el consenso, sino por la fuerza del aparato represivo del Estado.
