El preso político Alexander Guzmán Silva denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de un recluso común en la Prisión Provincial de Granma, conocida como Las Mangas. El activista, detenido por participar en una protesta pacífica, responsabiliza a la dictadura cubana de cualquier daño a su integridad física ante la evidente pasividad de los funcionarios penitenciarios.
En una comunicación telefónica, Guzmán Silva relató que el 20 de septiembre un interno identificado como Leosdanis Coureilla Moreno lo amenazó con asesinarlo a puñaladas y con introducir drogas en su celda para incrementar su condena hasta en diez años. El activista detalló que este reo, recientemente privado nuevamente de su libertad condicional, mantuvo una reunión a puerta cerrada con oficiales del centro penitenciario el 13 de septiembre. Pocas horas después de ese encuentro, comenzó el hostigamiento sistemático que escaló rápidamente hasta la amenaza directa contra su vida.
Ante la gravedad de los hechos, el preso político informó de la situación al jefe de pelotón y a la psicóloga del penal. Aunque los uniformados aseguraron que tomarían cartas en el asunto, hasta el momento no se ha adoptado ninguna medida disciplinaria ni de aislamiento preventivo contra el agresor. Guzmán Silva, de 25 años y director de la organización Impacto Juvenil Republicano, fue arrestado el 23 de mayo bajo el cargo de \»desórdenes públicos\», una figura jurídica recurrentemente utilizada por el régimen de La Habana para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica.
Responsabilidad del Estado y omisión institucional
El abogado Alain Espinosa, especialista del Centro de Información Legal Cubalex, contextualizó el incidente señalando que tanto el Reglamento de Prisiones como la Ley de Ejecución Penal obligan a los funcionarios a prevenir la violencia entre reclusos y garantizar la seguridad de las víctimas. Sin embargo, advirtió que en los casos de personas privadas de libertad por motivos políticos, suele ser la propia Seguridad del Estado o el personal de Orden Interior quienes instigan a los presos comunes a amenazar y agredir a los activistas, o simplemente permiten estas vulneraciones sin actuar conforme lo impone la ley.
Estas prácticas, que contravienen la legislación interna y principios internacionales como las Reglas Mandela respecto a la no discriminación y la celeridad en las denuncias, evidencian el uso de la violencia carcelaria como herramienta de escarmiento. La situación que enfrenta Guzmán Silva expone el peligro constante de los disidentes encarcelados en la isla, donde la impunidad y la complicidad institucional de la dictadura cubana ponen en riesgo inminente la vida de quienes demandan derechos democráticos fundamentales.
