El opositor Yosvany Rosell García Caso puso fin a su huelga de hambre después de 40 días de protesta, tras lograr que las autoridades penitenciarias accedieran a trasladarlo a una celda de aislamiento. El prisionero, condenado a 15 años por participar en las marchas del 11 de julio de 2021 en Holguín, se encuentra hospitalizado en estado delicado, evidenciando una vez más el trato inhumano hacia los disidentes en las cárceles de la isla.
La decisión de retomar la alimentación fue confirmada por su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, quien explicó que el opositor se encontraba profundamente afectado por el entorno carcelario y buscaba el aislamiento como única vía para sobrellevar su injusto encarcelamiento. La reinserción a la ingesta de alimentos se ha realizado de manera paulatina, comenzando con sueros de hidratación y exámenes médicos para evaluar el daño en sus órganos, especialmente los riñones, tras más de un mes sin ingerir alimentos. El peligro para su vida, no obstante, persiste.
García Caso fue ingresado de urgencia en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín de Holguín tras ser diagnosticado en \»estado crítico sin pronóstico\». Durante su hospitalización, la dictadura cubana mantuvo al preso político esposado a la cama y bajo la estricta custodia de oficiales de la Seguridad del Estado. Esta práctica, que su familia calificó de humillante y degradante, fue levantada recientemente tras la visita de sus tres hijos, quienes lograron un encuentro descrito como triste pero alentador.
Represión sistemática y clamor internacional
El caso de García Caso es un claro ejemplo del endurecimiento penal contra los manifestantes del 11J. Con una de las sentencias más severas impuestas a más de 1.000 procesados por el estallido social de 2021, su situación ilustra la profunda crisis de derechos humanos y la falta de libertades que atraviesa el país. Ante el inminente riesgo de un desenlace fatal, cerca de doscientos activistas, intelectuales y miembros de la sociedad civil entregaron una carta en la Santa Sede y la Nunciatura Apostólica de La Habana para solicitar la mediación humanitaria del Papa, urgidos por el deterioro físico del recluso.
La suspensión de esta huelga de hambre no representa una victoria institucional, sino la desesperación de un hombre confinado en un sistema penitenciario opresivo. Mientras el régimen de La Habana mantiene el silencio sobre las condiciones de los cientos de presos políticos que alberga, la presión de la comunidad internacional y la sociedad civil cubana se vuelve indispensable para evitar que la intolerancia gubernamental derive en tragedias irreparables dentro de las prisiones de la isla.
