Un recluso anónimo reveló el deterioro crítico del establecimiento penitenciario 1580, conocido como \»El Secadero\», donde el hacinamiento, la propagación de enfermedades y la desnutrición amenazan la vida de los internos, incluidos varios opositores del 11J. La denuncia evidencia una vez más el uso de la tortura física y psicológica como método de control por parte del régimen de La Habana.
En una misiva enviada desde el interior del penal, un preso político que prefirió omitir su identidad por temor a represalias describió la situación en los destacamentos como propia de un \»campo de concentración\». Según su testimonio, las barracas albergan a 81 prisioneros en un espacio de apenas 30 metros de largo por cinco de ancho. Las condiciones de habitabilidad son deplorables: tres personas deben compartir un área de 1,80 metros de largo por un metro de ancho, con una ventilación casi nula debido a las ventanas enrejadas con persianas de acero que apenas dejan pasar la luz y el aire.
Crisis sanitaria y abandono médico en \»El Secadero\»
El hacinamiento ha propiciado un escenario sanitario crítico dentro de la prisión. El recluso alertó sobre la presencia de enfermedades graves como VIH, tuberculosis, hepatitis, COVID-19, dengue hemorrágico y sífilis, a las que se suma una epidemia de diarreas derivada de la falta de higiene en la preparación de los alimentos y el consumo de agua en mal estado. La ausencia total de atención médica y medicamentos agrava el panorama, dejando a los reclusos a merced de la desnutrición extrema y el maltrato físico constante por parte de los carceleros.
El testimonio incluye una lista de internos que sufren pérdida de peso significativa e involuntaria debido a la inanición, entre los que se encuentran Moisés Padrón Clemente, Maikel Romero Quiñones, Eloy Canga Pino, Adrián Orta Oliva, Adrián Curuneaux Stivens, Jorge Luis Boada Valdés, Fabián Sarduy Pérez, Frederic Otero, Carlos Alberto Álvarez Rojas, José A. Díaz Pérez, Bárbaro Yoelsis García y Yoel Abad Beaton. El denunciante aseguró que existen muchos más casos, pero los reclusos temen dar sus nombres ante la brutalidad de los guardias. Esta no es la primera alerta sobre el centro; anteriormente, el expreso político del 11J Alexander Ayllón Carvajal catalogó la 1580 como la cárcel con más hambre y trabajo forzado de Cuba, mientras que el activista Ohauris Rondón Rivero expuso cómo la propia policía introduce la droga conocida como \»el químico\» para su venta y consumo entre los presos.
Represión sistemática y colapso institucional
El estado de la prisión 1580 no es un hecho aislado, sino una muestra más del colapso institucional y la crisis estructural que atraviesa la isla. Mientras la ciudadanía enfrenta un éxodo migratorio sin precedentes, hiperinflación y un desabastecimiento generalizado, el sistema penitenciario cubano opera como un instrumento de aniquilación física y moral para quienes disienten. La dictadura cubana ha convertido el encierro en una política de estado, privando a los reclusos de garantías procesales, alimentación adecuada y atención médica, lo que constituye una clara violación de los derechos humanos fundamentales.
Las graves violaciones en el penal 1580 exigen una respuesta inmediata de la comunidad internacional y de los organismos defensores de los derechos humanos. La impunidad con la que operan las autoridades de la isla frente a estas denuncias profundiza la crisis de legitimidad del ejecutivo cubano y compromete cualquier acercamiento diplomático que ignore la situación de los presos políticos. El silencio ante estas condiciones de tortura no solo pone en riesgo la vida de decenas de cubanos, sino que normaliza la barbarie en el sistema represivo del régimen.
