SANTA CLARA, Cuba. — Una madre en el municipio de Encrucijada, Villa Clara, denunció la profanación del nicho de su hija, del cual sustrajeron objetos personales y juguetes, en un hecho que refleja el creciente deterioro de la seguridad ciudadana y el abandono de los espacios funerarios en la isla.
La joven Laura Daikelin Rodríguez Pacin reportó a través de redes sociales la destrucción del cristal que protegía la sepultura de su hija para robar los peluches y recuerdos que ella depositaba periódicamente. La afectada calificó el suceso como un acto de extrema crueldad, señalando que los responsables deben tener \»el corazón vacío\» para cometer un atropello de tal magnitud contra la memoria de una menor fallecida y el dolor de su familia.
En su reclamo, Rodríguez Pacin exigió a las autoridades de la isla que asuman sus responsabilidades y esclarezcan el hecho, el cual no solo vulnera la paz de su familia, sino la de todos los ciudadanos con seres queridos sepultados en el camposanto local. La exigencia de justicia choca con la habitual inoperancia policial y administrativa que caracteriza a las instituciones cubanas frente a la creciente ola de hechos vandálicos.
Un patrón de vandalismo y abandono institucional
El incidente en Encrucijada no es un caso aislado, sino parte de una alarmante tendencia que afecta a los cementerios de la provincia de Villa Clara. Recientemente, se han documentado denuncias similares en el camposanto de Camajuaní, donde decenas de tumbas amanecieron destrozadas, y en Santa Clara, donde familias reportan la desaparición de ánforas con restos óseos y lápidas rotas. Esta situación es consecuencia directa del colapso estructural que sufre Cuba bajo el régimen de La Habana, donde la profunda crisis económica, la marginalidad y la falta de mantenimiento estatal han convertido los espacios sagrados en blancos fáciles para el saqueo.
La indolencia del gobierno cubano ante la profanación de cementerios subraya la falta de protección hacia sus ciudadanos, incluso en la muerte. Ante la ausencia de respuestas oficiales y la impunidad que reinan en estos recintos, los familiares se ven obligados a buscar justicia por cuenta propia a través de redes sociales. Este abandono institucional profundiza el trauma de las familias afectadas y evidencia el grado de descomposición social al que ha sido empujada la población tras décadas de negligencia y control arbitrario por parte de la dictadura cubana.
