La activista cubana y comisionada de la CIDH, Rosa María Payá, aseguró durante su participación en la Cumbre de las Naciones Cautivas en Washington D.C. que la sociedad civil de la isla está lista para una transición política. La opositora subrayó que el régimen de La Habana atraviesa uno de sus momentos de mayor fragilidad, lo que exige una respuesta más contundente de la comunidad internacional para frenar la represión y aislar a las cúpulas autoritarias.
En el marco del evento organizado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Payá ofreció declaraciones donde analizó el actual panorama sociopolítico de la isla. La activista, quien recientemente asumió un rol en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enfatizó que la voluntad de transformación en la nación antillana es evidente y preexistente a las coyunturas actuales. «El pueblo cubano está listo para el cambio, lo ha estado por mucho tiempo», afirmó, situando las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J) como el hito que redefinió la relación entre la ciudadanía y el poder.
Según la perspectiva de la comisionada, las protestas del 11J no fueron un fenómeno aislado que haya quedado en el pasado, sino el inicio de una resistencia sostenida que se manifiesta a diario. «Esas protestas en realidad no han terminado», aseguró Payá, quien insistió en que la indignación popular persiste frente a la profundización de la crisis estructural. En este sentido, señaló que la ciudadanía continúa alzando su voz a pesar de las severas penalidades materiales y la hostilidad del aparato coercitivo del Estado.
«En Cuba hay protestas todos los días porque, a pesar del hambre, a pesar de la represión, a pesar de la miseria, a pesar del exilio forzado, los cubanos sabemos que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura y estamos listos para hacer lo que tengamos que hacer en esa dirección», manifestó la opositora. Esta afirmación vincula directamente el colapso económico con la falta de libertades, desmintiendo la narrativa oficial que atribuye la penuria únicamente a factores externos.
Represión sistemática y peligro de muerte para los presos políticos
Payá alertó sobre el nivel de brutalidad que ejerce la dictadura cubana contra quienes disienten, advirtiendo que la debilidad institucional del régimen lo ha vuelto más letal. «Estamos en un momento donde ese régimen probablemente nunca había estado tan vulnerable como lo está en este momento y, por tanto, es aún más peligroso», indicó. En este contexto de desesperación gubernamental, los presos políticos se encuentran en una situación de extremo riesgo físico y psicológico.
La activista denunció situaciones específicas que evidencian la violación sistemática de los derechos humanos en las cárceles de la isla. Mencionó el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien sufre brutales golpizas de manera cotidiana, y recordó el fallecimiento reciente del preso político Yan González, quien perdió la vida la semana pasada tras padecer condiciones carcelarias que comprometieron su salud de forma irreversible. «Estamos en un momento donde los prisioneros políticos están en peligro de muerte todos los días», sentenció.
Ante la gravedad de los hechos, Payá calificó el actual escenario como un punto de inflexión que demanda la máxima solidaridad internacional. «Es un momento muy duro para nuestro pueblo, pero también es el momento en que esperamos la mayor solidaridad, porque es el momento en el cual la victoria es posible», agregó la también presidenta de la Red Democrática Latinoamericana.
Exigencia de medidas firmes contra el círculo represivo
Payá hizo un llamado a los gobiernos democráticos para que asuman un rol más activo mediante políticas que afecten directamente a los altos mandos y sus redes de complicidad. «La acción ciudadana tiene que combinarse con acción de parte de aquellos que tienen el poder de quitarle los fondos a los criminales que nos reprimen, que tienen el poder de presionarlos para que pierdan la legitimidad falsa que la comunidad internacional les entrega cuando los cubanos nunca los hemos elegido», demandó.
Asimismo, valoró positivamente las recientes sanciones impuestas por la Administración de Estados Unidos en conmemoración del aniversario del 11J. Estas medidas restrictivas apuntan a los cabecillas de la dictadura, así como a sus familiares y cómplices, identificados como parte integral del círculo de corrupción y del aparato represivo que sostiene al ejecutivo cubano. Payá urgió a otras naciones occidentales a replicar este modelo de presión y restricción.
«Espero que el resto de las democracias de Occidente, por lo menos las que más afectadas han estado por estas dictaduras, tomen acciones similares. Este es el momento de restringirle el espacio aéreo a Díaz-Canel, a La Habana, a Caracas y de apoyar al pueblo cubano», concluyó, refiriéndose a la necesidad de aislar diplomáticamente a las cúpulas autoritarias de la región que operan en complicidad y sostienen el flujo de recursos ilícitos.
Contexto: El colapso estructural y la continuidad del 11J
Las declaraciones de Payá se producen en medio de la peor crisis económica y social que ha enfrentado Cuba en décadas. El fracaso del modelo centralizado impulsado por el gobierno cubano ha derivado en una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y apagones energéticos que superan las 10 horas diarias en gran parte del territorio nacional. Esta debacle ha provocado un éxodo migratorio sin precedentes, con cientos de miles de ciudadanos cruzando el Estrecho de la Florida o la frontera sur de Estados Unidos en busca de supervivencia.
El estallifo del 11 de julio de 2021 marcó un punto de no retorno en la historia reciente de la isla. Decenas de miles de personas salieron a las calles en más de 40 ciudades exigiendo libertad y mejoras económicas. La respuesta de las autoridades de la isla fue una ola de detenciones arbitrarias, juicios sumarios y condenas desproporcionadas que aún mantienen a cientos de cubanos tras las rejas. Este endurecimiento represivo ha sido la tónica de la gestión de Miguel Díaz-Canel, quien ha priorizado el control social y la militarización frente a cualquier intento de reforma económica o apertura democrática.
La interconexión entre la crisis material y la represión política es el rasgo definitorio del panorama actual. La falta de esperanza en un mejoramiento de las condiciones de vida bajo el actual sistema ha consolidado la idea, defendida por la oposición civil, de que no existe solución económica viable sin una transformación política profunda. La represión cotidiana, que busca desincentivar cualquier forma de organización independiente, es el principal mecanismo que mantiene en pie a un régimen que ha perdido el respaldo popular.
Implicaciones a futuro y el papel de la comunidad internacional
El llamado de la comisionada de la CIDH plantea un desafío directo a la diplomacia internacional respecto a su política hacia Cuba. La continuidad del diálogo sin condicionamientos por parte de algunas naciones europeas y latinoamericanas contrasta con la evidencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos y el riesgo de muerte para los opositores pacíficos. La adopción de sanciones dirigidas y el aislamiento financiero de los responsables de la represión se perfilan como las herramientas más efectivas para forzar una apertura en la isla.
Para la ciudadanía cubana, el futuro inmediato se presenta como una encrucijada crítica. La profundización del colapso de los servicios públicos amenaza con desatar nuevos episodios de descontento social, similares o superiores a los del 11J. La respuesta del régimen de La Habana será determinante, pero la solidaridad y la acción coordinada de la comunidad internacional serán factores decisivos para evitar una tragedia humanitaria mayor y allanar el camino hacia una transición que libere a los cubanos del autoritarismo.
