El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cooperación Francesa anunciaron una nueva inyección de capital para actores económicos no estatales en el sector agroalimentario de la isla. Sin embargo, antecedentes documentados revelan que fondos similares, gestionados a través de plataformas estatales como PADIT, terminaron beneficiando a empresas vinculadas a figuras del poder acusadas de corrupción, como el exministro Alejandro Gil Fernández.
En el marco de la reciente Feria Internacional ExpoCaribe, celebrada en Santiago de Cuba, el representante residente adjunto del PNUD en la isla, Gabriel Bottino, dio a conocer el lanzamiento de un nuevo proyecto de apoyo financiero destinado a los «nuevos actores económicos» del sector agroalimentario. La iniciativa, que comenzará en el oriente del país para luego expandirse hacia las regiones centrales y a tres proyectos de carácter nacional, ofrece montos que pueden alcanzar los 40.000 dólares por iniciativa seleccionada. La financiación proviene de la Cooperación Francesa en Cuba y será gestionada a través de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT).
PADIT es un mecanismo que agrupa al Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el Instituto de Planificación Física y los gobiernos provinciales, operando bajo la estricta orientación del Partido Comunista. Aunque en el contexto de la profunda crisis económica que atraviesa la isla la noticia pudiera parecer alentadora para emprendedores carentes de mecanismos de financiamiento, la trayectoria de este tipo de convocatorias internacionales genera un profundo escepticismo. La falta de auditoría independiente y el acoso constante del gobierno cubano contra iniciativas privadas que no cuentan con su respaldo político levantan serias dudas sobre la transparencia en la asignación de estos recursos foráneos.
Antecedentes de opacidad en la asignación de recursos
La desconfianza no es infundada. En agosto de 2021, el Banco Central de Cuba (BCC) anunció una convocatoria similar para el «fomento agropecuario», en coordinación con el Ministerio de Finanzas y Precios. En aquella ocasión, se movilizó un fondo de 1.800 millones de pesos, equivalentes a unos 70 millones de dólares al cambio oficial del momento. Estos recursos provenían mayoritariamente de programas de desarrollo de los gobiernos de China, Alemania, España, Suiza (COSUDE) y del propio PNUD, todos coordinados bajo el paraguas de PADIT. Aunque la convocatoria especificaba que los fondos estaban destinados a empresas seleccionadas por su impacto en producciones priorizadas como el arroz, el plátano y la yuca, la realidad fue marcadamente distinta.
Ayuda exterior de la Unión Europea, ¿para el desarrollo de quién?
Según informes internos del PNUD y testimonios de funcionarios del BCC bajo condición de anonimato, menos de la mitad de ese dinero llegó a entidades del Ministerio de la Agricultura. Sorprendentemente, un único proyecto privado, catalogado como Proyecto de Desarrollo Local (PDL), logró captar la astronómica cifra de 40 millones de dólares. El beneficiario fue la Agroindustrial Media Luna S.R.L., una empresa de Ciego de Ávila propiedad de Fernando Javier Albán Torres, figura directamente relacionada con el escándalo de corrupción que culminó con la destitución del exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, en febrero de 2024.
El testaferro y los vínculos con la cúpula del poder
La trayectoria de Albán Torres ilustra cómo la dictadura cubana ha históricamente canalizado oportunidades hacia sus círculos de influencia más cercanos. Albán, quien fuera dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en Camagüey entre 1999 y 2004, participó activamente en la represión y expulsión de estudiantes de Medicina que firmaron el Proyecto Varela en 2002. Su amistad con Gil Fernández se remonta a su juventud, época en la que ambos trabajaron en el Departamento Comercial de la empresa agroindustrial Río Zaza, del chileno Max Marambio, un negocio que también terminó en escándalos de corrupción y expropiación.
Fuentes consultadas del propio BCC aseguran que la convocatoria de 2021 fue «una formalidad» exigida por los donantes internacionales. Aunque se acogieron centenares de proyectos de cooperativas y empresas no estatales que cumplían con los requisitos, la decisión estaba predeterminada a favor de Media Luna. «Lo hizo por su relación con Gil», afirmó el funcionario, confirmando que la empresa ya contaba con maquinaria donada por China desde 2019. El esquema permitía a la empresa de Albán Torres justificar el dinero recibido enmascarándolo como ingresos por exportación, e incluso utilizar la figura de importaciones para sacar divisas de Cuba, principalmente hacia Estados Unidos.
Vista aérea de la empresa Agroindustrial Media Luna S.R.L. (Foto tomada de sus redes sociales)
Una fuente del Instituto de Investigaciones de la Economía de Cuba, institución asociada a PADIT, explicó que antes de 2021 los fondos externos se entregaban directamente a los proyectos que las agencias internacionales deseaban apoyar. Sin embargo, el régimen de La Habana determinó la creación de un ente intermedio controlado por los gobiernos locales y el Ministerio de Economía. Actualmente, el PNUD solo verifica que la ayuda sea entregada a las administraciones locales, dependiendo exclusivamente de los informes que estas emiten. «Tienen que creer en lo que les dicen», señaló la fuente, agregando que las autoridades locales se aseguran de que los PDL estén dirigidos por personas de confianza del Partido Comunista, creando en ocasiones empresas que simulan ser privadas pero que operan bajo el control de cuadros dirigentes.
Mientras tanto, los verdaderos emprendedores continúan marginados. En la propia provincia de Ciego de Ávila, pequeños productores como Lázaro V., dueño de una modesta empresa de producción de piensos a partir de desechos agrícolas, relatan cómo han solicitado apoyo financiero al gobierno provincial durante años sin obtener respuesta. Esta dinámica de exclusión contrasta con el acelerado procesamiento que obtuvo Media Luna S.R.L., que en 2021 se convirtió en la primera mipyme privada aprobada en la provincia, gozando de beneficios como PDL desde 2016, justo cuando Alejandro Gil Fernández ascendía a viceministro primero del Ministerio de Economía y Planificación.
Contexto sistémico: Crisis, represión y control económico
El manejo opaco de la cooperación internacional no es un hecho aislado, sino un síntoma más del colapso estructural que sufre la isla. La economía cubana atraviesa una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de productos básicos y una dependencia cada vez mayor de las remesas y el sector primario. En este escenario de fracaso de las políticas estatales, el gobierno cubano ha recurrido a la captación de fondos extranjeros bajo el pretexto del desarrollo territorial para inyectar liquidez en un sistema paralizado por su propia ineficiencia y centralización burocrática.
Fernando Javier Albán Torres firmando el registro de Media Luna S.R.L. como mipyme (Foto tomada de las redes sociales de la empresa)
Paralelamente, la dictadura cubana mantiene una política de hostigamiento sistemático hacia el sector privado emergente. Las recientes oleadas de cierres de negocios no estatales y las trabas burocráticas para la importación y exportación demuestran que las autoridades de la isla no toleran la independencia económica fuera de su control. La ayuda internacional, en lugar de fomentar un ecosistema emprendedor libre, corre el riesgo de fortalecer un modelo de «capitalismo de amigos», donde solo prosperan las iniciativas vinculadas a la nomenclatura militar y política.
El éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado a Cuba de su fuerza laboral y capital humano es la consecuencia directa de esta falta de oportunidades y de un sistema que penaliza el éxito individual no alineado con el ejecutivo cubano. Los jóvenes profesionales y agricultores prefieren abandonar el país antes que someterse a un mercado intervenido donde el mérito es suplantado por la lealtad ideológica o los contactos dentro de la cúpula del poder.
Implicaciones y respuesta futura
El anuncio de nuevos fondos europeos para el sector agroalimentario plantea un desafío crítico para la comunidad internacional y los organismos como el PNUD. La exigencia de mecanismos de auditoría independientes y transparentes debe ser ineludible si se desea evitar que el dinero de los contribuyentes europeos termine financiando redes de corrupción o enriqueciendo a la cúpula del régimen. Mientras la cooperación internacional no exija contrapartidas democráticas y verificación real en el terreno, la «ayuda para el desarrollo» seguirá siendo una herramienta cooptada por las autoridades de la isla, dejando a la verdadera sociedad civil en la total indigencia y perpetuando el ciclo de crisis y represión que asfixia a la nación.
