La activista y directora de la iniciativa Cuba Decide, Rosa María Payá, se encuentra en Ginebra para testificar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las sistemáticas violaciones cometidas por el régimen de La Habana, en el marco de la revisión periódica a la que está sometida la isla.
Desde las inmediaciones del Palacio de las Naciones en Suiza, la defensora de derechos humanos anunció su intervención programada ante los Estados miembros del organismo. Payá aprovechó el espacio para señalar la contradicción de que naciones con graves historiales de violaciones a los derechos fundamentales ocupen sillones en un foro destinado a las democracias. En este sentido, lamentó que el gobierno cubano mantenga su presencia en el Consejo a pesar de su larga trayectoria represiva y su falta de voluntad para cumplir con los estándares internacionales de libertades.
El régimen de La Habana se encuentra actualmente en la fase final de su Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de la ONU diseñado para evaluar la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros. Payá detalló que este proceso representa una ventana crucial para evidenciar ante la comunidad internacional la realidad de la isla, que las autoridades cubanas intentan maquillar sistemáticamente con campañas diplomáticas, la cooptación de organismos y la presentación de informes parciales que ocultan la represión cotidiana.
En su mensaje, transmitido a través de sus redes sociales, la activista adelantó que su intervención tiene un objetivo claro: exigir acciones concretas a las democracias presentes en el foro ginebrino. «Voy a estar dentro del Consejo de Derechos Humanos dirigiéndome a cada uno de los Estados miembros, testificando sobre las violaciones de derechos humanos de ese régimen», afirmó Payá, quien estará frente a los delegados oficiales de la dictadura cubana y representantes de otras naciones autoritarias que bloquean sistemáticamente las resoluciones a favor de las víctimas.
Las exigencias de la líder opositora se centran en la crisis penitenciaria y política de la isla. Payá hará un llamado urgente para la liberación de los más de mil presos políticos que permanecen tras las rejas, muchos de ellos encarcelados tras las protestas históricas del 11 de julio de 2021. De manera particular, mencionó el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cuya integridad física y vida corren peligro bajo las condiciones de tortura, tratos crueles y aislamiento impuestos por el aparato represivo del Estado.
La fundadora de Cuba Decide criticó con firmeza la actitud de la burocracia internacional hacia el ejecutivo cubano. «Sabemos que Naciones Unidas ha sido demasiado complaciente con el régimen, sabemos que el régimen no debería estar sentado en ese Consejo», sostuvo. Sin embargo, subrayó que este escenario es una oportunidad ineludible para romper el muro de impunidad y forzar a la dictadura a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía, exigiendo cambios estructurales en lugar de reformas cosméticas.
Una trayectoria de denuncia internacional
Rosa María Payá es una figura reconocida a nivel global por su labor en la promoción de la democracia y los derechos humanos en América Latina. Hija del opositor Oswaldo Payá, fallecido en circunstancias aún no esclarecidas bajo el gobierno de Raúl Castro, ha continuado el legado familiar de exigir cambios democráticos en la isla. Actualmente dirige la Fundación para la Democracia Panamericana, desde donde articula políticas relacionadas con la seguridad regional, la estabilidad institucional y la defensa de los valores democráticos en el hemisferio.
El peso de su voz en el ámbito internacional se vio reforzado en marzo pasado, cuando se convirtió en la candidata oficial de Estados Unidos para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el período 2026–2029. Esta nominación posiciona a la activista en un lugar estratégico para influir en las políticas hemisféricas respecto a la crisis cubana, el impacto de la migración forzada en la región y la necesidad de mecanismos de exigibilidad jurídica frente a los regímenes autoritarios.
Contexto: Represión como respuesta al colapso estructural
La denuncia de Payá en Ginebra no ocurre en el vacío, sino que responde a la profundización de la crisis estructural que atraviesa Cuba. La economía de la isla sufre una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y colapsos constantes en el sistema electroenergético nacional. Ante la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer soluciones o abrir espacios de participación ciudadana, la respuesta institucional ha sido el endurecimiento policial y la criminalización de la protesta social.
El incremento de la represión es directamente proporcional al descontento ciudadano. Las cifras de presos políticos documentadas por organizaciones independientes reflejan una táctica de terrorismo de Estado destinada a disuadir cualquier intento de movilización. La dictadura cubana ha perfeccionado sus mecanismos de control, utilizando arrestos arbitrarios, juicios sumarios, amenazas, confiscaciones y confinamiento solitario como herramientas para silenciar a la disidencia, a los periodistas independientes y a la sociedad civil en general.
Paralelamente, este clima de asfixia política ha detonado un éxodo migratorio sin precedentes en la historia reciente del país. Cientos de miles de cubanos han abandonado la isla en los últimos años, huyendo no solo de la miseria económica y la falta de oportunidades, sino de la imposibilidad de ejercer libertades fundamentales. El régimen de La Habana ha encontrado en la emigración una válvula de escape para aliviar la presión social, exportando su crisis interna a Estados Unidos y otros países de América Latina.
Implicaciones para el futuro de Cuba
La intervención de Rosa María Payá ante el Consejo de Derechos Humanos plantea un desafío directo a la diplomacia tradicional que ha prevalecido en los foros multilaterales. Su llamado a la acción busca trascender las condenas de escritorio y motivar a las democracias a implementar medidas condicionadas que exijan rendición de cuentas por parte de las autoridades de la isla. La pasividad internacional, advierten los expertos, solo consolida la impunidad de los verdugos.
El futuro de la ciudadanía cubana dependerá, en gran medida, de cómo la comunidad internacional procese las denuncias presentadas en este examen de la ONU. La continuidad de la impunidad no solo fortalece el poder de la dictadura en el plano interno, sino que envía un mensaje preocupante a otros regímenes autoritarios de la región. La exigencia de libertad para los presos políticos, el cese de la represión y la apertura de espacios democráticos son pasos ineludibles para cualquier transición hacia un estado de derecho en Cuba, y la presión exterior resulta indispensable para este fin.
