En el marco del 55º Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado en Antigua y Barbuda, la activista cubana Rosa María Payá fue electa como nueva integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su incorporación a este órgano hemisférico representa un respaldo histórico a la disidencia de la isla y un revés diplomático para el régimen de La Habana, que históricamente ha buscado aislar y deslegitimar a las voces opositoras en foros internacionales.
La elección de Payá, cuya candidatura fue impulsada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a finales de marzo, no es un hecho aislado, sino el resultado de una ardua labor de cabildeo y del reconocimiento internacional a su trayectoria. A través de su cuenta en la red social X, la recién electa comisionada expresó su gratitud hacia las naciones americanas y subrayó su compromiso con la región. «Profundamente honrada por la confianza que los Estados de las Américas ponen hoy en mí para defender los derechos humanos de todos. Será un honor servir a los pueblos de las Américas», escribió, consolidando una victoria que trasciende las fronteras de Cuba y posiciona a la sociedad civil en el centro del debate interamericano.
El respaldo de la OEA hacia la figura de Payá lleva implícito un reconocimiento a décadas de activismo. Como fundadora del proyecto Cuba Decide y presidenta honoraria de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la activista ha mantenido una línea firme en la denuncia de las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales en la isla. Asimismo, su labor al frente de la Fundación para la Democracia Panamericana le ha permitido tejer alianzas clave en materia de seguridad regional y estabilidad institucional, preparándola para asumir este nuevo rol de alta responsabilidad en un continente marcado por la inestabilidad política.
Una agenda centrada en la prevención y la institucionalidad democrática
El camino hacia la CIDH se consolidó en mayo pasado, cuando Payá intervino ante el Consejo Permanente de la OEA para exponer su visión estratégica. En aquella presentación, la activista advirtió sobre la necesidad de que la Comisión alinee sus prioridades con las crisis hemisféricas más urgentes. Su propuesta gira en torno a tres ejes fundamentales: la protección de los grupos vulnerables y la defensa de la democracia; la transparencia y eficacia interna del organismo; y la universalización del sistema interamericano para ampliar su alcance real frente a los autoritarismos emergentes.
En su exposición, Payá enfatizó que el trabajo de la CIDH debe anclarse en la evidencia y el respeto a los instrumentos jurídicos interamericanos. «Debemos afirmar y proteger los derechos de todos, de las mujeres, de las personas LGBT+, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y al mismo tiempo respetar la libertad de religión y de conciencia», afirmó. Su enfoque también abarca temáticas contemporáneas que afectan la estabilidad regional, como la responsabilidad de actores privados en vulneraciones de derechos, el tráfico ilícito de armas y el impacto de la crisis ambiental, con especial atención al Caribe como una de las zonas más golpeadas por estos fenómenos.
La ahora comisionada electa abogó por un cambio de paradigma en el accionar del organismo, priorizando la prevención sobre la punición. «La Comisión es más efectiva cuando actúa de manera preventiva que cuando lo hace de forma punitiva», aseguró, prometiendo fortalecer los mecanismos de seguimiento y diálogo con los Estados. Reiteró, además, su compromiso con la objetividad por encima de las divisiones ideológicas, asegurando que su gestión se basará en «datos y análisis rigurosos» y en una «evaluación objetiva de la realidad», alejándose del sesgo político que a menudo entorpece la labor de los organismos multilaterales.
El legado de Oswaldo Payá y la memoria frente a la dictadura
Un momento particularmente significativo durante su intervención fue el recuerdo a su padre, Oswaldo Payá, líder opositor cubano y fundador del Proyecto Varela, asesinado por la dictadura castrista en 2012. «Mi padre dio su vida por los derechos humanos, consciente de que existen más allá de las fronteras de la raza, la política, la religión o la cultura. Ese es el ejemplo que pretendo seguir», manifestó. Esta mención no solo humaniza su discurso, sino que coloca en el centro del debate internacional la impunidad con la que la dictadura cubana ha operado durante más de seis décadas para silenciar a la disidencia pacífica.
La impunidad en el caso de Oswaldo Payá es un símbolo de la falta de justicia que impera en la isla. Durante años, las autoridades han bloqueado cualquier investigación independiente que esclarezca las circunstancias del accidente automovilístico que le costó la vida, ignorando los testimonios que señalan la intervención de agentes del Estado. Con la llegada de Rosa María Payá a la CIDH, la exigencia de verdad y justicia por los crímenes de Estado en Cuba contará con una plataforma de proyección continental, incomodando a un régimen acostumbrado a operar en la opacidad.
Contexto: La crisis estructural de Cuba y la respuesta del régimen
La elección de Rosa María Payá adquiere una dimensión aún mayor si se enmarca en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. El régimen de La Habana se enfrenta a un colapso acelerado de los servicios públicos, una inflación galopante que destruye el poder adquisitivo de la población y un desabastecimiento crónico que ha sumido a millones de cubanos en la pobreza extrema. Ante esta debacle económica y social, la respuesta del ejecutivo cubano no ha sido la apertura o la reforma, sino la profundización de la represión social, la censura y la criminalización de la protesta pacífica.
La violencia estatal y la falta de libertades fundamentales han detonado uno de los mayores éxodos migratorios en la historia reciente del país, con cientos de miles de ciudadanos abandonando la isla ante la asfixia política y económica. En este escenario, la labor de la CIDH resulta vital. La presencia de Payá en la Comisión garantiza que las víctimas de la dictadura cubana —desde los cientos de presos políticos del 11 de julio hasta los ciudadanos acosados diariamente por las fuerzas de seguridad— tengan una voz empoderada y rigurosa en el más alto tribunal de derechos humanos del hemisferio.
Históricamente, el gobierno cubano ha mantenido una relación de confrontación con la OEA. Aunque la resolución que permitía su readmisión fue aprobada en 2009, La Habana nunca ha solicitado reincorporarse, prefiriendo mantenerse al margen de los mecanismos interamericanos de control democrático para evadir el escrutinio internacional. La llegada de una figura crítica al seno de la CIDH representa un obstáculo adicional para la diplomacia del régimen, que suele escudarse en la retórica antiimperialista para justificar sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Implicaciones futuras para la región y la ciudadanía cubana
El impacto de este nombramiento trasciende la simbología política. Para la ciudadanía cubana, la presencia de Payá en la CIDH se traduce en una potencial aceleración de las medidas cautelares y los informes temáticos que documentan la crisis de derechos humanos en la isla. Asimismo, envía una señal inequívoca a la comunidad internacional sobre la necesidad de condicionar cualquier acercamiento diplomático o acuerdo económico al respeto irrestricto de las libertades democráticas y a la liberación de los presos de conciencia.
En un continente convulsionado por gobiernos que amenazan la separación de poderes y el espacio cívico, la gestión de Rosa María Payá promete ser un contrapeso firme. Su elección ratifica que la defensa de los derechos humanos en América Latina no puede omitir la realidad de la dictadura cubana. A partir de ahora, el régimen de La Habana tendrá frente a sí, en un foro multilateral de primer nivel, a una observadora que conoce sus mecanismos de represión desde la trinchera y que cuenta con la legitimidad internacional para exigir rendición de cuentas por el sufrimiento infligido al pueblo de Cuba.
