Un grupo de senadores del Partido Popular (PP) ha registrado una batería de preguntas en el Senado español para exigir explicaciones al Gobierno sobre las gestiones diplomáticas encaminadas a lograr la extradición de Martiño Ramos Soto. El exprofesor, condenado a 13 años y medio de prisión por abuso y violación continuada de una alumna menor de edad, fue detenido en La Habana tras huir de la justicia española, exponiendo la vulnerabilidad de los mecanismos de cooperación bilateral y la opacidad del régimen de La Habana en asuntos judiciales.
A través de un documento parlamentario, los senadores electos por Ourense —Rosa María Sánchez Gándara, Francisco José Fernández Pérez y María del Carmen Leyte Coello— han cuestionado directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las medidas adoptadas para asegurar el traslado del prófugo. Los legisladores exigen conocer las gestiones exactas para agilizar la entrega, las dificultades previstas por la diplomacia española y los pasos concretos para que Ramos Soto cumpla íntegramente su condena en territorio español a la mayor brevedad posible.
El caso ha generado una profunda alarma social en España debido a la extrema gravedad de los delitos, que incluyen violencia y la minoría de edad de la víctima. Para el PP, la situación evidencia un fracaso absoluto de los sistemas de control fronterizo y judicial, ya que Ramos Soto logró eludir la justicia utilizando su propio pasaporte tras la ratificación de su condena por el Tribunal Supremo. Su fuga, que incluyó escalas en Portugal, Brasil y Perú antes de llegar a la isla, plantea serias interrogantes sobre el seguimiento a delincuentes convictos por parte de las autoridades españolas.
La opacidad del régimen cubano y la falta de tratados bilaterales
La detención de Ramos Soto en La Habana el pasado mes de noviembre reabrió el debate sobre la viabilidad de procesos de extradición con el gobierno cubano. La principal complicación radica en la ausencia de un acuerdo específico vigente entre ambos países. Aunque agencias de prensa señalan una supuesta disposición de las autoridades de la isla para facilitar el traslado, la realidad institucional de Cuba se caracteriza por la falta de transparencia y el control absoluto del poder ejecutivo sobre el sistema judicial, factores que suelen entorpecer cualquier trámite legal internacional convencional y que convierten a la isla en un refugio incierto para fugitivos.
Actualmente, el prófugo continúa detenido en Cuba, a la espera de que se resuelva su situación legal sin haber reclamado asistencia consular y buscando abogados locales. Mientras el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, manifestó su confianza en un pronto traslado, la prensa local advierte sobre la escasez de detalles públicos sobre el proceso. Este incidente no solo subraya las deficiencias del Estado español para retener a criminales convictos, sino que también pone a prueba la disposición real de la dictadura cubana para cooperar con la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad, en un contexto donde el Estado de derecho brilla por su ausencia.
