La agudización de la crisis estructural que atraviesa Cuba ha obligado a investigadores cercanos al gobierno cubano a reconocer el colapso de la resistencia ciudadana y el ensanchamiento de las brechas sociales. En declaraciones a la agencia EFE, sociólogos oficialistas han confirmado lo que la población sufre a diario: la confluencia de crisis económica, energética, migratoria y de servicios públicos ha desbordado los márgenes de subsistencia, generando una nueva y severa cartografía de la exclusión en la isla.
El investigador del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), Enrique Gómez Cabezas, ha señalado de forma explícita que «la desigualdad es el principal efecto de la policrisis». Este reconocimiento, emitido desde el seno de instituciones afines al poder, evidencia la magnitud del deterioro social tras décadas de políticas centralizadas. Según el sociólogo, el colapso estructural de los servicios públicos, las oportunidades desiguales generadas por las reformas económicas iniciadas en 2011 y el incremento exponencial de la migración han contribuido a una fragmentación social sin precedentes.
La sociedad cubana ha experimentado una profunda reestratificación. Gómez Cabezas explica que el acceso a los beneficios económicos no ha sido equitativo: no toda la población ha podido integrarse al sector privado emergente, ni todos reciben remesas del exterior o poseen los recursos para emigrar. Esta segmentación ha dado lugar a una nueva geografía de la exclusión, donde la capacidad de acceder a divisas extranjeras o a redes de apoyo determina de forma tajante el nivel de vida, dejando a amplios sectores de la población en la indigencia.
El fracaso de la «actualización» económica y sus cifras
La llamada «actualización del modelo económico», un paquete de reformas presentado a inicios de la última década como una solución a la ineficiencia estatal, tuvo un impacto desigual desde su concepción. El régimen de La Habana abrió marginalmente el sector privado, pero mantuvo el control hegemónico de los medios de producción y la planificación central, lo que asfixió cualquier intento de desarrollo sostenible. Gómez Cabezas estima que el coeficiente de Gini —indicador internacional que mide la desigualdad de ingresos— ha oscilado entre 0,4 y 0,5 en los últimos años en Cuba.
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Aunque estas cifras sitúan teóricamente a la isla por debajo del promedio de desigualdad regional, el investigador alertó que «la tendencia apunta a un empeoramiento sostenido». Las reformas parciales y el deterioro acelerado de los servicios públicos han provocado, según el experto, el «desplazamiento de responsabilidades que antes cubría la política social hacia la familia». El Estado, históricamente presentado como el garante del bienestar, ha descargado el peso de la supervivencia sobre los hogares cubanos, obligándolos a resolver en el mercado negro las carencias que el sistema oficial no provee.
Su colega Mirlena Rojas Piedrahita, también investigadora del CIPS, cuestionó el discurso oficial que elogia la capacidad de adaptación del cubano. «A veces se me queda muy pequeña la palabra resiliencia. Todavía no encuentro la palabra que a veces uno pueda estar utilizando ante estrategias de supervivencia», afirmó. Rojas Piedrahita señaló que la crisis afecta de manera diferenciada y desproporcionada, castigando con mayor severidad a los sectores que han quedado al margen de las dinámicas económicas emergentes, como el turismo o las remesas.
El colapso de los «amortiguadores» sociales
Los investigadores admiten que, aunque el sistema cubano conserva algunos amortiguadores sociales teóricos, como el acceso gratuito a la salud y la educación, estos ya no bastan para contener las desigualdades emergentes. Ambos sectores, otrora orgullo del discurso oficial, se encuentran en un estado de profunda decadencia, afectados por la falta de medicamentos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria, apagones constantes y la fuga masiva de profesionales. Las políticas universalistas, señalan los sociólogos, necesitan ser complementadas urgentemente con estrategias más focalizadas.
El gobierno cubano se enfrenta a la disyuntiva de actualizar sus leyes para hacer valer los principios de equidad y justicia social que tanto defiende en su retórica. «Esas políticas tienen que moverse atendiendo más al contexto actual», agregó Gómez Cabezas. Sin embargo, la realidad demuestra que la dictadura cubana no ha mostrado voluntad política para implementar transformaciones estructurales reales. La inercia burocrática y el miedo a perder el control político absoluto han primado sobre el bienestar de la población.
Contexto sistemico: Migración, inflación y exclusión racial
El reconocimiento de esta «policrisis» no ocurre en el vacío, sino que se enmarca en el colapso sistémico que atraviesa la isla. La economía cubana ha entrado en una espiral hiperinflacionaria agudizada tras la fracasada «Tarea Ordenamiento» en 2021, una reforma monetaria que devaluó el peso cubano y destruyó el poder adquisitivo de los salarios estatales. La escasez crónica de alimentos, combustibles y medicamentos se ha agravado con un sistema energético en ruinas, incapaz de mantener la generación eléctrica mínima para evitar apagones de hasta 10 y 12 horas diarias en gran parte del territorio nacional.
Este escenario de precariedad ha impulsado un éxodo migratorio sin precedentes en la historia reciente de Cuba. Cientos de miles de cubanos han abandonado el país en los últimos años, dirigidos principalmente hacia Estados Unidos y otras naciones de la región. Los especialistas insistieron en que, para muchos, salir del país ha sido la única vía de escape ante la asfixia económica. No obstante, este fenómeno también refleja la desigualdad: no todos tienen las mismas opciones para emigrar. La población afrodescendiente, por ejemplo, enfrenta mayores obstáculos económicos para costear un viaje al extranjero, lo que la deja en condiciones de marginación y exclusión mucho más severas, atrapada en un sistema que no le ofrece oportunidades.
Antecedentes de una crisis anunciada
La actual fragmentación social es la consecuencia lógica de décadas de manejo arbitrario del poder. Desde la caída del campo socialista en los años 90, el régimen de La Habana ha aplicado parches temporales a una economía estructuralmente ineficiente. La apertura al turismo y la dolarización parcial de los años 90 ya habían creado una brecha entre quienes tenían acceso a divisas y quienes sobrevivían con el salario en moneda nacional. La «actualización» de 2011 pretendía legalizar pequeñas empresas, pero las autoridades de la isla mantuvieron un cerco regulatorio asfixiante, prohibiendo la acumulación de capital y el acceso a insumos mayoristas, lo que condenó al fracaso a la mayoría de los emprendedores.
A medida que la crisis se cronifica y la vida cotidiana se vuelve un desafío titánico, los expertos destacan que es urgente pensar en políticas públicas que aborden no solo los efectos, sino también las causas estructurales de la desigualdad. Sin embargo, al ejecutivo cubano no parece importarle esta profundización de las brechas sociales. Hasta el momento, no ha habido señales claras de voluntad política para implementar medidas efectivas que corrijan estas distorsiones. La represión a sectores independientes, la censura contra periodistas y el acoso a cualquier iniciativa civil que proponga alternativas reales demuestran que la prioridad del régimen sigue siendo la supervivencia del aparato de control.
Implicaciones y consecuencias a futuro
La admisión de la «policrisis» por parte de sociólogos oficialistas es un termómetro de la gravedad de la situación: cuando el discurso oficial comienza a reconocer el colapso, el deterioro social ha superado los límites de lo ocultable. Para la ciudadanía, las consecuencias se traducen en un futuro inmediato de mayor empobrecimiento, falta de expectativas y una dependencia cada vez más marcada de las remesas enviadas por familiares desde el exilio, lo que profundiza la dependencia externa de una economía que no produce riqueza.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos mantienen su mirada sobre Cuba, aunque las acciones concretas han sido limitadas. El deterioro de las condiciones de vida y la negativa del régimen a abrir espacios de participación democrática auguran un periodo de alta volatilidad social. La falta de soluciones reales por parte de la dictadura cubana, sumada a la profundización de la exclusión racial y económica, sugiere que la presión social podría llegar a un punto de quiebre, en un escenario donde la «resiliencia» de la que hablan los sociólogos ha dejado de ser una estrategia de vida para convertirse en un mecanismo de pura supervivencia biológica.
