Un tribunal de la dictadura cubana en Villa Clara ha impuesto una condena de cinco años de privación de libertad al activista Alexander Peraza García por el supuesto delito de \»propaganda contra el orden constitucional\». El fallo, emitido por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, penaliza la difusión de principios democráticos y derechos humanos amparados en la Constitución de 1940, evidenciando una vez más la criminalización de la disidencia pacífica en la isla.
La sentencia, fechada el 16 de febrero, fundamenta la condena en la promoción de la libertad de expresión y en supuestas convocatorias a la \»reacción social\». Según el documento judicial, las autoridades consideran que Peraza García \»utilizando medios de comunicación incitó contra el orden social y el Estado socialista\», justificando la represión como un acto necesario para evitar riesgos a las \»conquistas logradas por el pueblo\». El juicio había quedado concluso para sentencia el pasado mes de diciembre.
Peraza García, de 29 años y residente en el municipio de Sagua la Grande, fue arrestado el 23 de diciembre de 2024 tras un allanamiento de su domicilio por agentes de la Seguridad del Estado. Durante el operativo, los agentes confiscaron sus equipos de trabajo, incluyendo una laptop, un teléfono móvil y un disco duro, así como textos vinculados a la Constitución cubana de 1940. Actualmente, el activista permanece recluido en la prisión de máximo rigor \»La Pendiente\», en Santa Clara.
Represión ante el colapso social y la demanda de derechos
La persecución contra este joven activista no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la política sistemática del régimen de La Habana para silenciar cualquier manifestación cívica que cuestione la gestión gubernamental. Peraza García había sido blanco de hostigamiento en ocasiones anteriores por organizar protestas pacíficas exigiendo el suministro eléctrico y otros servicios básicos, demandas que hoy afectan a gran parte de la población cubana sumida en una profunda crisis estructural, inflación y desabastecimiento.
La condena a Alexander Peraza García, quien figura registrado como preso político por la organización no gubernamental Prisoners Defenders, refuerza el patrón de violaciones a los derechos humanos que mantiene a Cuba bajo el escrutinio internacional. Mientras el ejecutivo cubano endurece su aparato judicial para acallar el descontento social, las consecuencias de estas acciones se traducen en un mayor aislamiento diplomático y en el continuo deterioro de las garantías civiles para una ciudadanía que arriesga su libertad al exigir sus derechos fundamentales.
