Decenas de residentes en el barrio de Luyanó, municipio Diez de Octubre, salieron nuevamente a las calles para exigir el restablecimiento de los servicios básicos, acumulando alrededor de 30 horas sin energía eléctrica y 10 días sin suministro de agua. La movilización, que se extendió por segundo día consecutivo en la intersección de Rosa Enríquez y Municipio, refleja el creciente descontento social ante el colapso de la infraestructura pública en la capital cubana.
Durante la jornada, los manifestantes se congregaron en ambas aceras y parte de la calzada, en medio de un ambiente de tensión pacífica. Materiales audiovisuales compartidos desde el lugar evidencian la presencia de patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que circularon lentamente junto a la concentración sin que se registraran detenciones visibles en ese momento. La protesta contó con la participación de adultos, jóvenes y niños, quienes se mantuvieron sentados o de pie frente a sus viviendas, reiterando los reclamos que el día anterior habían motivado un cacerolazo bajo el grito de \»Agua y luz\».
El régimen de La Habana, a través de la Empresa Eléctrica de la capital, reconoció la gravedad de la crisis al admitir que el servicio se interrumpió durante toda la jornada, alcanzando una afectación máxima de 430 megavatios (MW). Las autoridades de la isla informaron que fue necesario desconectar circuitos de emergencia por 215 MW y que les resultó imposible restablecer el servicio, dejando a varios bloques y circuitos sumidos en la oscuridad por más de 14 horas. Esta incapacidad para garantizar la generación eléctrica impacta directamente en el bombeo hidráulico, agravando la escasez de agua que padecen los residentes desde hace más de una semana.
El colapso de los servicios básicos y la indignación ciudadana
Esta situación no es un evento aislado, sino la consecuencia directa de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La falta de mantenimiento, la obsolescencia de las termoeléctricas y la ausencia de inversiones estratégicas por parte del gobierno cubano han llevado al sistema energético al borde del colapso total. La incapacidad del ejecutivo para cumplir con los propios horarios de apagones anunciados ha desbordado la paciencia de la ciudadanía, que se enfrenta diariamente a la combinación de desabastecimiento, inflación galopante y la ineficacia estatal para proveer lo más mínimo para la subsistencia.
El estallido social en barrios como Luyanó augura un escenario de creciente inestabilidad si la dictadura cubana no logra revertir el fracaso del sistema electroenergético. Ante la falta de canales democráticos para exigir rendición de cuentas, las protestas callejeras se perfilan como el único mecanismo de presión disponible para una población exhausta. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben mantener la atención sobre estos eventos, ya que el historial del régimen indica que la represión y la criminalización de la protesta podrían escalar rápidamente frente a la indignación ciudadana.
