El gobernante cubano se ha trasladado a Bielorrusia bajo el pretexto de una intensa agenda de trabajo, mientras en la isla las autoridades manipulan la crisis energética y las políticas de telecomunicaciones para acallar la creciente indignación estudiantil. La promesa de un alivio en los apagones coincide de manera sospechosa con el receso universitario y el endurecimiento de la vigilancia digital sobre los jóvenes, evidenciando una coordinación represiva que responde a la lógica de control del régimen de La Habana.
El ejecutivo cubano ha justificado la ausencia de Miguel Díaz-Canel en el país arguyendo compromisos internacionales, entre los que destaca la supuesta gestión de suministros petroleros que permitirían una «mejoría sustancial» del sistema electroenergético a partir del 1 de julio. Esta promesa, formulada en un momento en que el verano parecía lejano y la memoria colectiva面临的 a la desinformación oficial, plantea serias dudas sobre su viabilidad real. Sin embargo, es probable que las autoridades de la isla cumplan parcialmente con este anuncio, aunque sea por un breve período, una vez que el susto inicial provocado por la rebelión estudiantil contra el tarifazo de ETECSA haya amainado y no sea tan imperativo camuflar la represión bajo el manto de los apagones y las interrupciones del servicio de internet.
El tarifazo de ETECSA y la ingeniería del control social
La reciente crisis desatada por el aumento desproporcionado de las tarifas de internet por parte de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) puso de manifiesto la fragilidad del contrato social en la isla. La medida, que afectaba directamente a jóvenes universitarios que dependen de la conectividad para sus estudios y trabajo, desató protestas en diversas instituciones educativas. La respuesta de la dictadura cubana no se hizo esperar, combinando la contención de la indignación con estrategias de identificación y amedrentamiento de los líderes estudiantiles. La manipulación del acceso a la red se ha consolidado como una herramienta de chantaje y silenciamiento.
Se infiere, a través de las apresuradas «notas informativas» emitidas por el Centro de Dirección del Gobierno —donde se exige un ahorro extremo de combustible y se ordena activar los puestos de mando del Ministerio del Interior (MININT) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)—, que la actual contingencia energética experimentará una pausa forzada hacia el 28 de junio. Esta fecha es clave, ya que coincide con el retorno del gobernante a la isla, el período de exámenes finales, el receso de las universidades y el inicio de las vacaciones escolares. Para esos días, el estudiantado estará fuera de las aulas, disperso y, en consecuencia, más vulnerable a un control y vigilancia individualizados que antes del estallido social.
Como parte de esta estrategia de normalización forzada, el gobierno cubano ha implementado un «plan sectorial» que, bajo la apariencia de un beneficio, esconde un dispositivo de biopolítica y vigilancia. Los jóvenes mayores de 18 años tendrán que actualizar sus contratos con ETECSA y poner a su nombre las líneas telefónicas que no lo estén. Para agilizar este proceso, la empresa estatal ha destinado recursos que escasean para otras gestiones: presupuesto, combustible y planillas impresas. La telefonía móvil se desplegará directamente hacia los usuarios para «marcar» e inventariar lo que no estaba debidamente registrado. Con la llegada de las vacaciones y la aparente relajación de las tensiones, el régimen dará por superada la crisis del tarifazo, pero con un rebaño ahora debidamente identificado, con nombres y apellidos reales asociados a los megas de regalía, obligando a muchos a autocensurarse sobre lo que publican y con quiénes se comunican.
Cooperación represiva y alianzas autoritarias
El régimen de La Habana rara vez facilita las cosas sin un trasfondo de control, y la supuesta «generosidad» de ETECSA no es la excepción. Tampoco lo es la relación con Alexandr Lukashenko, el líder bielorruso. En esta gira, las autoridades de la isla no solo buscarán tractores, combustible, alimentos y armamento, sino también una cooperación más estrecha en el refuerzo de las tácticas represivas. Existen indicios de que varios militares cubanos se encuentran en fase de entrenamiento en Bielorrusia, así como en academias rusas, perfeccionando métodos de control de multitudes y disidencia, técnicas que posteriormente serán aplicadas contra la población civil en la isla.
La participación en la cumbre del Consejo Supremo Económico Euroasiático —del cual Cuba es apenas observador, aunque aspira a convertirse en miembro pleno— funciona principalmente como un pretexto diplomático. La delegación cubana asiste a esta cita de turno para coordinar estrategias que poco tienen que ver con la reactivación económica nacional. Esta agenda cobra mayor relevancia en el contexto actual, donde la coalición autoritaria conformada por Minsk, Moscú, Beijing, Pyongyang, Teherán y La Habana se ha mantenido en una postura beligerante, especialmente ante crisis geopolíticas como la tensión entre Israel e Irán.
Quien dude de la entusiasta disposición de la dictadura cubana a involucrarse en cualquier conflicto bélico o crisis política dentro de ese círculo de aliados, subestima las verdaderas aspiraciones de un poder que, en los últimos años, ha exportado soldados y mercenarios a Rusia para participar en la invasión a Ucrania. Históricamente, el gobierno cubano se ha involucrado con guerrillas, grupos armados y diversas iniciativas orientadas a desestabilizar la democracia occidental, particularmente cuando Estados Unidos es el objetivo geopolítico.
Contexto: Crisis estructural y cortinas de humo
La manipulación de los apagones y las telecomunicaciones no es más que un síntoma de la profunda crisis estructural que asfixia a la isla. La ineficiencia del sistema electroenergético nacional, caracterizado por plantas termoeléctricas obsoletas y un déficit de generación que supera frecuentemente los 1.000 megavatios, se entrelaza con una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, y un éxodo migratorio sin precedentes. En este escenario de colapso multifactorial, el tarifazo de ETECSA fue la chispa que encendió la mecha en un sector de la población —los jóvenes universitarios— que tradicionalmente había mostrado altos niveles de apatía o temor. La respuesta estatal demuestra que la prioridad del régimen no es resolver la crisis, sino gestionar la indignación para evitar un estallido generalizado.
Del mismo modo, el régimen cubano busca el «acompañamiento» y respaldo logístico de sus aliados autoritarios en previsión de un estallido social de mayor escala en Cuba. Ese es, sin dudas, el principal «acuerdo de cooperación» en una relación que de económica solo utiliza el nombre para resultar atractiva en los discursos oficiales. No hay que ser muy astuto para observar que, por más tratados y memorandos que se firmen con Minsk, Moscú o Teherán, la realidad económica de la ciudadanía cubana empeora de manera sostenida. Ninguno de los grandes negocios anunciados se materializa en beneficios tangibles para la población, porque no hay nada real más allá del compromiso de intervención militar o de asesoría represiva, una vez que alguna de las partes lo demande o lo necesite para sostenerse en el poder.
Lo que sucederá con la anunciada «rusificación» del puerto del Mariel y su Zona Especial de Desarrollo, un proyecto que jamás ha logrado despegar, es lo mismo que ha ocurrido con la rusificación del turismo: una cortina de humo para justificar, cada día con mayor descaro, la presencia rusa y de sus aliados a solo unos kilómetros de las costas estadounidenses. Mientras la infraestructura nacional se deteriora y los jóvenes son obligados a registrar sus identidades para navegar en una red fuertemente censurada, el gobierno cubano prioriza la inserción en bloques internacionales que respalden su modelo autoritario.
En definitiva, los acontecimientos que se desarrollan en la isla no son vistos como un peligro real solo por quienes deciden mirar hacia otro lado. Como tampoco han querido ver que nada de lo que ocurre en Cuba, ni siquiera los apagones selectivos, las desconexiones masivas de internet o los continuos viajes del gobernante en medio de la crisis, son «coincidencias». Todo responde a una planificación meticulosa en medio de tensiones internas y externas insostenibles. Porque en las dictaduras no hay casualidades, y las alianzas entre dictadores nunca son estrictamente económicas; son, ante todo, pactos de supervivencia mutua edificados sobre la represión de sus propios pueblos. Las consecuencias para la ciudadanía serán un endurecimiento de la censura digital, una vigilancia estatal más intrusiva y el aplazamiento indefinido de cualquier solución real a la crisis material que agobia al país.
