El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes una nueva ronda de medidas coercitivas contra el régimen de La Habana, dirigidas específicamente a la familia del general Raúl Castro y al conglomerado empresarial militar GAESA. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de sancionados a Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera del exmandatario, junto a cinco entidades estratégicas que financian y sostienen el aparato de poder en la isla.
La acción ejecutiva precisa contra Almacenes Universales, dedicada a la logística y operación del puerto del Mariel; Rafin, brazo financiero de GAESA; y el Banco Financiero Internacional (BFI), utilizado para gestionar operaciones corporativas dentro y fuera del país. El cerco también alcanzó a Geominera, subordinada al Ministerio de Energía y Minas, y a la Empresa Siderúrgica José Martí, principal productora de acero bruto de la nación. Estas medidas buscan asfixiar financieramente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, consideradas por Washington como el auténtico centro de gravedad del poder económico y político en Cuba.
La inclusión de Rueda Cardero en la lista negra refuerza la estrategia de EE. UU. de apuntar directamente al círculo íntimo de la dirigencia, tras las restricciones impuestas a inicios de junio contra figuras como Miguel Díaz-Canel, el propio Raúl Castro y su hijo Alejandro Castro Espín. El secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que el conglomerado militar ha servido históricamente como el mecanismo principal para que las élites gobernantes desvíen los escasos recursos de la isla. Según el funcionario, estos fondos son redirigidos para financiar la represión social, actividades de inteligencia y operaciones contrarias a los intereses estadounidenses.
Impacto sobre una economía ya colapsada
El endurecimiento del cerco financiero llega en un momento de profunda depresión económica para la ciudadanía. Mientras las autoridades de la isla gestionan la mayor parte del comercio exterior y la inversión extranjera a través de empresas controladas por GAESA, la población sufre las consecuencias de una hiperinflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un colapso total del sistema eléctrico. La dictadura cubana ha consolidado un modelo donde el monopolio militar sobre la economía impide el desarrollo del sector privado y perpetúa la miseria popular, utilizando el control de los recursos como herramienta de sumisión política.
Con esta nueva tanda de sanciones, que se suma a las recientes restricciones contra el MINFAR, los CDR, el ICAP y el sector energético estatal (CUPET), el gobierno de Donald Trump envía una advertencia clara a la comunidad internacional. Cualquier banco, persona o corporación extranjera que mantenga vínculos comerciales con estas entidades sancionadas se expone a medidas retaliatorias similares. El panorama que se vislumbra sugiere un aislamiento financiero cada vez más estricto para el ejecutivo cubano, lo que podría acelerar la incapacidad del Estado para importar combustibles y materias primas básicas, profundizando aún más la crisis de subsistencia que ha detonado el mayor éxodo migratorio en la historia de la isla.
