La proliferación de asaltos, robos con fuerza y agresiones violentas ha transformado el paisaje cotidiano de la isla, donde la población vive sitiada tanto por la escasez como por la delincuencia. Mientras las autoridades despliegan rapidez y contundencia para reprimir manifestaciones, la policía brilla por su ausencia ante el clamor ciudadano frente al crimen.
La Habana y otras principales ciudades cubanas atraviesan un deterioro acelerado de la seguridad ciudadana que ha modificado los hábitos de millones de personas. Residentes en barrios tradicionalmente tranquilos relatan cómo el temor a ser víctimas de delitos violentos ha pasado a condicionar desde los horarios en que transitan por la calle hasta la forma en que guardan sus pertenencias o almacenan recursos básicos como el agua. El fenómeno, que las propias autoridades del régimen de La Habana se han visto obligadas a reconocer en recientes declaraciones oficiales, contrasta de manera flagrante con la narrativa histórica del gobierno cubano, que durante décadas exhibió la supuesta seguridad de la isla como uno de sus logros propagandísticos.
Los testimonios recogidos en distintos municipios reflejan un patrón recurrente. Un hombre de casi ochenta años, residente en un barrio periférico de la capital, relató cómo la combinación de carencias materiales, apagones prolongados y delincuencia lo ha empujado a urgir a su hija, residente en Europa, a que acelere los trámites para sacarlo del país. En su relato, el anciano admitió que teme más a los maleantes del barrio que a un eventual conflicto bélico o a una confrontación interna entre facciones del poder. Su percepción no es aislada: en conversaciones cotidianas, en redes sociales y en las propias colas para adquirir productos básicos, la inseguridad se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de la población.
El crimen como síntoma del colapso
El incremento de la delincuencia no puede desvincularse del contexto de crisis estructural que atraviesa Cuba. La caída del poder adquisitivo, la inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y la persistencia de cortes eléctricos que en algunas zonas superan las doce horas diarias han creado un caldo de cultivo en el que la supervivencia se impone sobre cualquier otra consideración. La proliferación del consumo de drogas sintéticas, conocidas popularmente como \»el químico\», ha agravado aún más el panorama, sumando a las calles a un número creciente de personas en evidente estado de alteración psíquica que en ocasiones recurren a la violencia para conseguir dinero.
Los relatos de víctimas se acumulan. Un vecino de un municipio habanero contó cómo, al sorprender a tres individuos robándole el tanque plástico donde almacenaba agua en el patio de su vivienda, fue apedreado y amenazado con un machete cuando intentó impedir el hurto. El robo de tanques de agua, un bien escaso en medio de la crisis hídrica que padecen varias provincias, ilustra hasta qué punto la desesperación ha reconfigurado el espectro delictivo. Ya no se trata únicamente de sustraer teléfonos móviles o prendas de valor: cualquier objeto susceptible de ser revendido en el mercado informal se ha convertido en botín potencial.
Una policía selectiva
Uno de los aspectos que mayor indignación genera entre la ciudadanía es la percepción unánime de que las fuerzas del orden aplican un criterio claramente desigual en el ejercicio de sus funciones. Según múltiples testimonios, la respuesta policial ante llamadas de auxilio por delitos comunes es tardía, cuando no inexistente. En ocasiones, los agentes llegan al lugar de los hechos únicamente para levantar cadáveres o trasladar heridos, sin que medie una investigación efectiva que conduzca a la captura de los responsables.
En contraste, la rapidez y contundencia con que operan las unidades especializadas cuando se trata de disolver protestas ciudadanas o detener a opositores es notable. La dictadura cubana ha consolidado un aparato represivo cuya prioridad manifiesta es el control político y la neutralización de cualquier expresión de disidencia, por encima de la protección de la integridad física y patrimonial de la población. Esta dualidad ha sido denunciada reiteradamente por organizaciones de derechos humanos tanto dentro como fuera de la isla, y ha contribuido a erosionar de manera irreversible la ya escasa confianza de los cubanos en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.
Vida cotidiana bajo asedio
Las transformaciones en los hábitos de la población son evidentes y profundas. El uso de joyas, relojes de marca o teléfonos móviles a la vista se ha reducido drásticamente. Muchas personas evitan salir de sus hogares una vez oscurece, especialmente durante los apagones, cuando la oscuridad ofrece cobertura a los delincuentes. Las viviendas se han ido enrejando progresivamente, incluso en zonas residenciales que hasta hace pocos años no requerían medidas de seguridad extraordinarias. La desconfianza se ha instalado en las relaciones cotidianas: caminar por la acera implica mirar de reojo, evitar contacto visual con desconocidos y rehuir cualquier intento de conversación improvisada.
Las noches de corte eléctrico son particularmente críticas. Sin iluminación pública y sin la posibilidad de mantenerse informados o comunicados, los residentes de barrios vulnerables pasan horas de vigilia atentos a cualquier ruido. El calor, agravado por la falta de ventilación artificial, se suma a la angustia de saber que la oscuridad facilita la impunidad. Quienes tienen la posibilidad de instalar paneles solares o generadores han encontrado un alivio parcial, pero la mayoría de la población no cuenta con recursos para acceder a estas alternativas.
Antecedentes y contexto histórico
Durante décadas, el gobierno cubano construyó una narrativa según la cual la isla era un refugio seguro donde la delincuencia había sido prácticamente erradicada. La ausencia de una crónica roja en la prensa oficial reforzaba esa imagen, aunque numerosos analistas han señalado que la ocultación informativa más que la inexistencia de delitos explicaba esa percepción. Lo cierto es que el deterioro económico acelerado que se intensificó a partir de la denominada \»Tarea Ordenamiento\» en 2021, combinado con el impacto de la pandemia y la caída del turismo, ha generado condiciones sociales inéditas que el Estado no ha logrado contener.
El éxodo migratorio sin precedentes que ha llevado a cientos de miles de cubanos a abandonar la isla en los últimos años ha dejado un vacío demográfico significativo, particularmente en la población en edad productiva. Los que permanecen, en muchos casos ancianos y personas con escasos recursos, se encuentran en una posición de extrema vulnerabilidad frente a la delincuencia. La recepción de remesas desde el exterior, lejos de constituir un alivio, se ha convertido en un factor de riesgo, pues los delincuentes identifican a los hogares que reciben dinero del extranjero como objetivos prioritarios.
El régimen de La Habana ha intentado responder al problema con medidas de carácter punitivo, incluyendo reformas al Código Penal que endurecen las penas para ciertos delitos. Sin embargo, la eficacia de estas medidas ha sido limitada, en parte porque el sistema judicial y penitenciario cubano padece la misma crisis de recursos que afecta al resto de las instituciones del país. La falta de combustible para el transporte policial, la insuficiencia de equipos y la baja moral de los propios agentes contribuyen a una respuesta institucional deficiente que agrava el sentimiento de desprotección ciudadana.
Implicaciones y perspectivas
El deterioro de la seguridad ciudadana en Cuba tiene implicaciones que trascienden la esfera delictiva. En primer lugar, refuerza el impulso migratorio que ya ha alcanzado cifras récord, pues la inseguridad se suma a la lista de factores que empujan a los cubanos a buscar refugio en otros países. En segundo lugar, profundiza el descrédito de las instituciones estatales, cuya incapacidad para garantizar bienes públicos básicos como la seguridad erosiona cualquier residual legitimidad que el ejecutivo cubano pudiera reivindicar. Por último, configura un escenario en el que la población se encuentra atrapada entre la violencia delincuencial y la violencia estatal, sin canales efectivos para demandar protección ni para exigir responsabilidad a quienes ejercen el poder.
La comunidad internacional ha prestado atención creciente a la situación de derechos humanos en Cuba, particularamente tras la represión de las protestas del 11 de julio de 2021. Sin embargo, el componente de inseguridad ciudadana, que afecta de manera directa y cotidiana a millones de personas, ha recibido menos atención en los foros internacionales. Organizaciones de derechos humanos y observadores independientes han llamado a integrar esta dimensión en cualquier evaluación seria de la realidad cubana, advirtiendo que la responsabilidad última sobre el bienestar y la seguridad de la población recae en el Estado, cuya prioridad manifiesta sigue siendo la preservación del control político por encima de la protección ciudadana.
