Decenas de masones se congregaron en la sede del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, en La Habana, para blindar al Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas Alonso, frente a un nuevo intento de injerencia por parte del Ministerio de Justicia (MINJUS). La institución masónica, una de las pocas organizaciones de la sociedad civil con cierto margen de autonomía histórica en la isla, se ha convertido en el último reducto en enfrentar el control absoluto del Estado sobre la vida asociativa del país.
La jornada de este viernes se desarrolló en un clima de alta tensión institucional. Los masones reunidos en la casona capitalina aseguraron de manera categórica que solo reconocen a Viñas Alonso como la máxima autoridad del Supremo Consejo, argumentando que su elección se ciñó estrictamente a las normas y estatutos internos de la institución. Esta postura de resistencia pacífica se materializó cuando una comisión del gobierno cubano intentó ejecutar un cambio de mando forzado en la dirección de la orden.
La directora de Asociaciones del MINJUS, Miriam García Mariño, citó a Viñas Alonso con el objetivo explícito de obligarlo a entregar el cargo. García Mariño, acompañada por dos funcionarios más del ministerio, se presentó en la sede masónica afirmando que los miembros de la orden debían proceder a elegir a un nuevo líder. Según relataron fuentes presentes en el encuentro, la funcionaria estatal evadió dar explicaciones sustanciales sobre la medida, limitándose a señalar que se trataba de una decisión del tribunal y que los masones estaban obligados a acatar las leyes del país.
El carácter arbitrario de la exigencia fue cuestionado de inmediato por la parte legal de la institución. Roberto Ortega, abogado del Supremo Consejo, refirió en el lugar que no existía ninguna orden ejecutiva o mandamiento judicial que respaldara legalmente la pretensión del MINJUS. Ante la falta de un amparo legal, Viñas Alonso exigió una explicación formal, ya que ninguno de los presentes comprendía bajo qué fundamentos jurídicos debían acatar una orden que vulneraba la soberanía de su organización.
La indignación entre los masones fue creciendo en la medida en que la delegación gubernamental se mantenía inflexible. “Muchos estábamos indignados por eso. Es una intromisión”, declaró un testigo presencial que prefirió el anonimato por temor a represalias. Finalmente, ante el rechazo unánime y frontal de la comunidad masónica reunida, García Mariño optó por retirarse visiblemente molesta. Los funcionarios del MINJUS tuvieron que abandonar la sede mientras los masones coreaban consignas como “Fuera”, “No más injerencia”, “No más intromisiones” y “los masones decidimos lo de los masones”.
Sin embargo, la aparente victoria institucional de la masonería estuvo acompañada por el habitual despliegue represivo del Estado. A las afueras de la sede del Supremo Consejo, la dictadura cubana desplegó varios efectivos de la policía política. Hombres vestidos de civil permanecían vigilando de cerca los accesos al edificio, en una clara muestra de intimidación que evidencia cómo el aparato de seguridad del Estado está siempre detrás de cualquier disputa administrativa o legal en la isla.
Intervencionismo y figuras impuestas
Este intento de intervención no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia planificada por las autoridades de la isla. El conflicto estalló tras trascender la intención del gobierno de colocar de manera interina al frente del Supremo Consejo a Lázaro Faustino Cuesta Valdés. Esta figura no fue elegida por los masones y, de hecho, había sido separada de la organización por decisión de la Alta Cámara del Rito, lo que demuestra que el MINJUS busca imponer a un dirigente dócil que no cuenta con el respaldo de la base masónica.
Las tensiones entre el MINJUS y la Masonería cubana se han recrudecido en los últimos años. El régimen de La Habana ha intervenido sistemáticamente en diferentes disputas internas de la orden, desconociendo decisiones adoptadas por los propios masones, incluyendo destituciones y elecciones de dirigentes. Esta política de injerencia busca neutralizar cualquier espacio de sociabilidad que no esté bajo el control directo del Partido Comunista de Cuba.
El conflicto actual también tiene profundas raíces políticas. José Ramón Viñas Alonso ha mantenido una postura crítica y valiente frente al gobierno cubano, especialmente a partir de las protestas históricas del 11 de julio de 2021 (11J). En aquel momento, el líder masónico cuestionó públicamente la respuesta del régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel y condenó enérgicamente la represión policial y los juicios sumarios contra los manifestantes. Esta postura lo convirtió en un objetivo para una dictadura que no tolera la disidencia, incluso dentro de instituciones centenarias.
Contexto: El cerco a la sociedad civil en medio de la crisis estructural
El acoso contra la masonería no puede desvincularse de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. Mientras Cuba sufre una inflación galopante, apagones que superan las 10 horas diarias en diversas provincias, un colapso total del sistema de salud y un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado al país de su fuerza joven, el ejecutivo cubano dedica sus esfuerzos burocráticos y represivos a sofocar cualquier manifestación de independencia institucional. La lógica del sistema es clara: en momentos de crisis aguda, el control absoluto se vuelve una obsesión de supervivencia para el poder.
En este panorama, el Ministerio de Justicia actúa no como un ente imparcial garante del Estado de Derecho, sino como un apéndice del aparato represivo y de control del Estado. La exigencia de que los masones “respeten las leyes del país” suena a una burla en una nación donde la legalidad está subordinada a la voluntad del grupo gobernante y donde no existe separación de poderes. Las leyes de asociación en Cuba están diseñadas específicamente para impedir la existencia de organizaciones verdaderamente autónomas, y el MINJUS utiliza estas normativas como un arma para intervenir, auditar y eventualmente dismantelar a cualquier grupo que escape a la ortodoxia oficial.
La masonería, con su tradición de pensamiento liberal, fraternidad y secreto, representa un desafío simbólico y práctico para un sistema totalitario que exige la transparencia total hacia el Estado, pero el hermetismo absoluto hacia la ciudadanía. La resistencia de los masones este viernes es un microcosmos de la batalla más amplia que libra la sociedad civil cubana: la lucha por el derecho a la libre asociación, a la autodeterminación de sus normas y a la existencia de espacios no colonizados por la propaganda y el control estatal.
Implicaciones y futuro
El intento fallido de intervención del MINJUS este viernes marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado cubano y las organizaciones fraternales. La negativa de los masones a acatar la imposición de Lázaro Faustino Cuesta Valdés y su defensa de Viñas Alonso demuestran que aún existen sectores de la sociedad civil dispuestos a marcar límites frente al abuso de poder. Sin embargo, la presencia de la policía política en las afueras indica que la represalia no se hará esperar; la dictadura suele utilizar tácticas de desgaste, amenazas individuales y revocación de licencias operativas para doblegar a quienes se resisten.
El futuro de la institución masónica en Cuba se vislumbra incierto. El régimen podría escalar su respuesta, utilizando el aparato judicial para criminalizar a los líderes legítimos o confiscar propiedades históricas de la orden. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben prestar atención a este caso, que evidencia una vez más la naturaleza autoritaria del gobierno cubano y su incapacidad para convivir con cualquier forma de pluralismo institucional. La defensa de la autonomía masónica es, en última instancia, la defensa del derecho de los cubanos a organizarse y pensar libremente fuera de la sombra del Estado.
