El cierre del 73 % de las instalaciones hoteleras en Cuba ha dejado al descubierto un modelo económico perverso impulsado por el régimen de La Habana y ejecutado con la complicidad de cadenas extranjeras. Mientras el gobierno cubano atribuye la crisis a las políticas de Washington, la realidad apunta a una estrategia de inversión descontrolada y opaca liderada por la cúpula militar, que priorizó la construcción de infraestructuras vacías sobre el mantenimiento y la calidad del servicio, profundizando el colapso estructural de la isla.
Las recientes declaraciones de altos funcionarios, como el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío, insisten en culpar al embargo de Estados Unidos y a las sanciones de la administración de Donald Trump por la escasez y el abandono turístico. Aunque estas medidas han tensado sin duda la economía, la catástrofe hunde sus raíces en décadas de políticas fracasadas. La dictadura cubana, acorralada por su propia ineficacia, se ha visto obligada a reconocer supuestos \»errores\» que, en la práctica, responden a la lógica de supervivencia del Partido Comunista, evidenciada en los recientes paquetes de 176 medidas diseñadas para \»salvar la revolución y el socialismo\» a cualquier costo, sin importar el impacto en la población.
La salida de varias cadenas hoteleras internacionales, que esgrimen el temor a las sanciones de Washington para justificar su retiro, oculta una verdad mucho más incómoda para sus balances corporativos. Las pérdidas financieras que reportan estas empresas no son consecuencia directa del embargo, sino el resultado de haber aceptado de manera entusiasta las restricciones, congelamientos financieros y trampas internas impuestas por el gobierno cubano como condición para operar en la isla. A cambio de lucrarse en la sombra, transformaron el negocio de hospedaje en un esquema donde resultaba más \»rentable\» construir y operar hoteles sin huéspedes que mantener las instalaciones existentes para elevar la ocupación real y mejorar la calidad de los servicios.
Este modelo paradójico encuentra su mejor ejemplo en la gestión de la cadena española Meliá. La empresa aceptó continuar administrando el icónico Hotel Habana Libre pese a que el Ministerio de Turismo le prohibió realizar labores de mantenimiento, a pesar de contar con los recursos necesarios para ello. La consecuencia fue el deterioro sistemático y evidente: pisos clausurados, sistemas eléctricos obsoletos, humedades graves en paredes y techos, así como infestaciones de plagas en las habitaciones, todo ello documentado en las decenas de reseñas negativas de huéspedes en plataformas especializadas como TripAdvisor.
Más grave aún fue el accidente fatal registrado en el Meliá Habana, donde una persona perdió la vida debido a lo que se ha descrito como una política deliberada de GAESA —el conglomerado empresarial militar que controla el turismo en Cuba— de posponer el mantenimiento de ascensores y falsificar certificaciones de operación. El objetivo de esta maniobra era reducir los gastos en hoteles ya en funcionamiento para desviar fondos hacia nuevas propiedades que aún no abrían sus puertas, a pesar de no existir ninguna garantía de que pudieran alcanzar los niveles de ocupación necesarios para justificar dichas inversiones.
La pregunta obligada que surge de este esquema es por qué las empresas extranjeras priorizaron inversiones sin garantías de rentabilidad turística sobre la gestión normal de sus instalaciones. La respuesta es sencilla: el arreglo las beneficiaba directamente. Al acatar los fraudes y maniobras del régimen de La Habana, estas compañías asumieron \»pérdidas\» contables que enmascaraban una realidad mucho más lucrativa. Para la cúpula militar y sus socios extranjeros, erigir hoteles fantasma resultaba más conveniente que llenar las habitaciones existentes, lo que plantea serias sospechas sobre operaciones de lavado de dinero y canalización de capitales dentro de la red corrupta de instituciones cubanas.
En medio de estas supuestas transformaciones económicas, el ejecutivo cubano ha dejado entrever su pavor hacia el capitalismo. El propio Miguel Díaz-Canel ha expresado este temor ante la Asamblea Nacional, no por el capital en sí —que el régimen codicia desesperadamente—, sino por el riesgo de apertura democrática y libertades políticas que la inversión extranjera podría conllevar en una sociedad estratégicamente cerrada. Al igual que en la década de los noventa, la \»apertura\» viene acompañada de una segregación rigurosa y un bloqueo interno, traducido en políticas salariales abusivas, contratación a través de entidades estatales intermediarias, control sindical absoluto y la vigilancia constante de la policía política sobre los cuadros de dirección y los trabajadores.
Contexto y antecedentes de un modelo agotado
El coste humano de este descalabro es alarmante y viene de lejos. Mucho antes del contexto político actual, el Ministerio de Turismo ya registraba decenas de hoteles cerrados y abandonados, incluso en zonas de primer nivel como Varadero y los cayos. En estas zonas, la construcción de nuevas instalaciones nunca se detuvo. Ni siquiera durante la pandemia de COVID-19, cuando los hospitales cubanos colapsaban por falta de oxígeno y medicamentos básicos, las empresas de construcción militar suspendieron la importación de cemento y acero para sus proyectos hoteleros. Miles de trabajadores fueron forzados a pasar de empleos de servicios a la construcción cada vez que se ordenaba cerrar un hotel por baja ocupación para levantar uno nuevo.
Los 25.000 trabajadores actualmente desempleados, cuya situación el gobierno atribuye exclusivamente a la huida de las cadenas hoteleras, son en realidad una fuerza laboral que ya había sido golpeada años atrás por esta fiebre de construir hoteles vacíos. Durante los últimos veinte años, coincidiendo con la creciente influencia de GAESA en el diseño económico del país, la apuesta por convertir a Cuba en el principal destino turístico de la región mutó hacia un negocio paralelo: la inversión por la inversión. Su único propósito era atraer y acumular grandes volúmenes de capital extranjero con celeridad, posiblemente como un plan de escape tras la visita de Barack Obama —cuando el mito del \»imperialismo malvado\» dejó de ser útil— o como un mecanismo para fortalecer el aparato represivo ante el riesgo de un estallido social.
El colapso estructural de la isla
Mientras la cúpula militar y sus socios extranjeros se enriquecían erigiendo catedrales vacías, las autoridades de la isla desatendieron deliberadamente las necesidades fundamentales de la nación. El país se sumergió en una crisis estructural sin precedentes, caracterizada por la hiperinflación, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y el colapso del sistema eléctrico nacional y de las redes de distribución de agua potable. El turismo, que alguna vez fue vendido como la locomotora de la economía, se convirtió en una mera excusa para la captación de divisas que jamás revertieron en el bienestar común.
El éxodo migratorio masivo, que ha vaciado ciudades, pueblos y sectores estratégicos de la fuerza laboral, es la respuesta directa a la desesperanza económica y la asfixia de libertades que el gobierno cubano ha institucionalizado. La población ha tenido que soportar apagones prolongados y la devaluación de su moneda, mientras observaba cómo los recursos del Estado se destinaban a levantar torres hoteleras en cayo Coco o Varadero que permanecerían con las luces apagadas. Esta desconexión entre las prioridades del Estado y las necesidades ciudadanas es la manifestación más clara del fracaso del modelo centralizado y autoritario.
El desmantelamiento del aparato turístico cubano no es más que el síntoma terminal de una enfermedad mayor: la incapacidad de la dictadura para gestionar un Estado moderno y su obsesión por mantener el poder a expensas del desarrollo nacional. Las consecuencias para la ciudadanía son devastadoras, con un aumento de la pobreza, el desempleo y la precariedad en un sector que alguna vez ofreció un respiro económico. Frente a este panorama, la comunidad internacional y los inversores extranjeros deberán replantear su relación con la isla, comprendiendo que la complicidad con los esquemas de corrupción militar no solo financia la represión interna, sino que garantiza el fracaso de cualquier proyecto de prosperidad genuina en Cuba.
