La crisis del sector turístico en Cuba ha dejado al descubierto un esquema económico perverso donde la construcción de instalaciones vacías primó sobre la calidad y la rentabilidad real. Con un 73 por ciento de los hoteles de la isla cerrados, el régimen de La Habana atribuye el desastre a las sanciones de Estados Unidos y a la salida de cadenas internacionales, pero la evidencia apunta a una política deliberada de captación de capital foráneo impulsada por la cúpula militar, en detrimento de la infraestructura nacional y el bienestar ciudadano.
El gobierno cubano ha reconocido recientemente la parálisis del sector hotelero, asegurando que la estampida de las cadenas extranjeras ante el riesgo de sanciones de Washington es la causa principal del cierre del 73 por ciento de las instalaciones. Sin embargo, esta narrativa oficial omite un factor determinante: las carencias estructurales y la crisis económica que hoy atraviesa la isla no son producto exclusivo del embargo, sino el resultado directo de décadas de políticas fallidas. El ejecutivo cubano ha admitido \»errores\» en la gestión, pero se trata en realidad de estrategias diseñadas para mantener el control político y económico, como las reflejadas en los \»Lineamientos\» y el reciente paquetazo de 176 medidas, cuyo objetivo último es preservar el sistema a cualquier costo.
En el centro de esta anomalía se encuentra la dinámica impuesta por las autoridades de la isla a las empresas hoteleras extranjeras. Durante años, cadenas como Meliá aceptaron las condiciones impuestas por el régimen, transformando el negocio tradicional de la hotelería en un esquema donde resultaba más rentable construir nuevos hoteles y mantenerlos operativos sin huéspedes que dar mantenimiento a las instalaciones existentes para mejorar el índice de ocupación. Esta práctica no responde a una mala gestión empresarial aislada, sino a la aceptación de un modelo donde los \»corralitos financieros\» y los bloqueos internos del gobierno cubano condicionaban la operación y el flujo de capital.
Consecuencias de la falta de mantenimiento y la corrupción institucional
El caso del emblemático hotel Habana Libre, administrado por Meliá, ilustra a la perfección este modelo de decadencia inducida. El Ministerio de Turismo prohibió durante años la realización de labores de mantenimiento en la instalación, a pesar de que la cadena administradora contaba con los recursos necesarios. El resultado fue el deterioro sistemático: pisos clausurados, sistemas eléctricos obsoletos, problemas de humedad y plagas, todo documentado en las reseñas de plataformas especializadas como TripAdvisor. Este abandono deliberado tuvo consecuencias trágicas, como el fatal accidente en el Meliá Habana, donde una persona perdió la vida debido a la política de la empresa militar GAESA de postergar el mantenimiento de los ascensores y falsificar sus certificaciones de operatividad para reducir gastos.
El papel de GAESA y la captación de capital foráneo
Para entender por qué las empresas extranjeras aceptaban generar \»pérdidas\» en sus informes financieros, es necesario analizar el trasfondo del entramado militar que controla la economía cubana. El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) ha diseñado un sistema donde la construcción de hoteles vacíos es un fin en sí mismo. El objetivo no es promover el turismo ni garantizar la rentabilidad sostenible, sino atraer grandes volúmenes de capital foráneo en el menor tiempo posible. Estos recursos han servido, por un lado, para el enriquecimiento de la cúpula militar y, por otro, para financiar y reforzar el aparato represivo de la dictadura cubana ante el inminente riesgo de un estallido social.
Control político y segregación turística
La reticencia del gobierno cubano a permitir una verdadera apertura económica responde a un temor profundo al capitalismo, no por la acumulación de capital —que codicia—, sino por las libertades políticas y democráticas que este podría propiciar en una sociedad estratégicamente cerrada. El propio Miguel Díaz-Canel ha expresado estas reservas en la Asamblea Nacional. La \»apertura\» ha sido siempre provisional y condicionada por una férrea segregación. Al igual que en los años noventa, el régimen mantiene políticas salariales abusivas, control absoluto de los sindicatos y fiscalización de los cuadros de dirección por parte de la policía política, obligando a las empresas extranjeras a convertirse en cómplices de la represión laboral y el llamado \»diversionismo ideológico\».
Antecedentes: Construcción en medio de la pandemia
La fiebre por construir hoteles vacíos no se detuvo ni siquiera durante la pandemia de COVID-19. Mientras los hospitales cubanos colapsaban por la falta de oxígeno y medicamentos básicos, el régimen de La Habana garantizó la importación de cemento y acero para las empresas constructoras militares. En Varadero y los cayos, la edificación de nuevas instalaciones continuó a un ritmo acelerado, paralelo al abandono de hoteles ya existentes. Esta política provocó que miles de trabajadores del sector servicio fueran reasignados forzosamente como fuerza constructiva, engrosando las filas de un desempleo encubierto que las autoridades ahora atribuyen falsamente a la salida de las hoteleras internacionales.
Impacto en la crisis estructural y el mercado laboral
Las recientes cifras que hablan de 25 mil trabajadores desempleados en el sector turístico son, en realidad, la culminación de un proceso de precarización laboral que se gestó durante años. El turismo, que alguna vez fue presentado como el motor de la economía cubana, se convirtió en una burbuja especulativa controlada por GAESA. Los empleos perdidos no son consecuencia directa de las sanciones estadounidenses, sino del agotamiento de un modelo que priorizó la inversión sin garantías de ocupación real. Este colapso sectorial se suma a una crisis estructural más amplia, caracterizada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos de primera necesidad y la incapacidad del Estado para garantizar servicios públicos básicos como agua, electricidad y asistencia médica.
El costo social de las prioridades del régimen
Mientras la cúpula militar y sus socios extranjeros se enriquecían con la construcción de infraestructuras inútiles, la sociedad cubana pagaba los platos rotos. El abandono deliberado de la agricultura, la industria y los servicios comunitarios ha derivado en un escenario de pobreza extrema que ha impulsado a cientos de miles de ciudadanos a abandonar el país en los últimos años, configurando uno de los mayores éxodos migratorios de la historia de la isla. La dictadura cubana ha sacrificado el desarrollo nacional en el altar de su propia supervivencia, demostrando que la \»revolución y el socialismo\» son, en la práctica, excusas para mantener un monopolio absoluto del poder y la riqueza.
Perspectivas futuras y consecuencias políticas
El desenlace de esta política de \»hoteles vacíos\» augura un panorama sombrío para la ciudadanía. Con el sector turístico en ruinas y una deuda externa impagable, las autoridades de la isla enfrentan una crisis de legitimidad sin precedentes. La comunidad internacional, especialmente los países europeos cuyas empresas participaron en este esquema, deberá reevaluar sus relaciones económicas con un régimen que ha priorizado la captación de divisas y el lavado de su imagen sobre el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible. A corto plazo, la falta de ingresos turísticos reales profundizará la escasez y la inflación, aumentando la presión social sobre una dictadura que, acorralada por sus propias contradicciones, podría recurrir a niveles aún mayores de represión para contener el descontento popular.
