Una madre soltera en el municipio habanero de Guanabacoa ha denunciado la precaria situación económica y alimentaria que enfrenta junto a sus dos hijas menores, tras ser despojada de su pensión por las autoridades locales. Yanelis Beatriz Torres Pedro relata un escenario de desamparo institucional que la ha llevado a depender de la caridad de vecinos e instituciones religiosas para poder sobrevivir.
Torres Pedro, de 31 años, reside en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin un espacio adecuado para cocinar y tras haber tenido que deshacerse de sus camas debido a una plaga de chinches. La crisis se agravó hace aproximadamente dos años, cuando la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social de Guanabacoa le retiró una chequera de poco más de 1.000 pesos. El ejecutivo cubano argumentó que, al estar su hija menor en la escuela, la mujer tenía la capacidad física para incorporarse al mercado laboral, ignorando el complejo contexto familiar que atraviesa.
Sin embargo, la realidad impide a esta madre ausentarse del hogar para trabajar. Sus hijas, de 10 y 13 años, presentan cuadros de salud que requieren supervisión constante; la mayor sufre crisis vagales y la menor atraviesa un proceso de desestabilización emocional tras el fallecimiento de su abuela. Al exponer esta situación a la funcionaria encargada de su caso, la respuesta fue de total indiferencia, evidenciando la falta de sensibilidad y la ineficacia del régimen de La Habana para proteger a las familias en situación de riesgo.
El fracaso de la asistencia social en medio de la crisis económica
El caso de Torres Pedro ilustra el colapso del sistema de asistencia social en la isla, agravado por una inflación galopante que hace insuficiente cualquier subsidio estatal y empuja a amplios sectores de la población a la pobreza extrema. Aunque los poco más de 1.000 pesos que percibía ya no cubrían las necesidades básicas debido al desabastecimiento y los altos precios de la canasta familiar, la supresión total de este ingreso la sumió en la inseguridad alimentaria. Ante la inacción del gobierno cubano, la supervivencia de esta familia recae en la solidaridad de vecinos y en el desayuno que le provee la Iglesia Católica a la menor para que pueda asistir a la escuela.
Esta no es la primera vez que la ciudadana recurre a la denuncia pública para exigir sus derechos. En marzo de 2021, en plena implementación de la \»Tarea Ordenamiento\», ya había alertado sobre su desamparo, logrando entonces la asignación de la pensión que posteriormente le fue arrebatada de forma arbitraria. La repetición de este ciclo de negligencia burocrática refleja la política de invisibilización que mantiene la dictadura cubana frente a los sectores más vulnerables, dejando a cientos de miles de ciudadanos a la deriva frente a una crisis sistémica que el Estado se niega a reconocer y resolver.
