El preso político Alieski Calderín Acosta, recluido en la prisión provincial Kilo 8 de Camagüey, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte del director del penal, mayor Leonardo Suárez Rey. El uniformado habría advertido al recluso que lo \»eliminaría\» en un eventual escenario político internacional, evidenciando una vez más la vulnerabilidad de los opositores dentro del sistema carcelario cubano.
Según relató el propio Calderín Acosta mediante una llamada telefónica, durante una inspección rutinaria, el mayor Suárez Rey le manifestó que \»no le convenía que viniera Donald Trump\», advirtiendo que, de darse ese escenario, procedería a asesinarlo. Ante la réplica del prisionero, quien le recordó que dicho acto constituiría un crimen de guerra con consecuencias legales, el funcionario respondió que no habría tal consecuencia porque \»esa era la orden que había\».
Implicaciones legales y responsabilidad penal internacional
El abogado Alain Espinosa, del Centro de Información Legal Cubalex, analizó la grave denuncia señalando que el principio de obediencia debida tiene límites estrictos. Espinosa enfatizó que ejecutar una orden que constituye un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra es manifiestamente ilegal, por lo que la eximente de obediencia debida no aplica. \»Ellos tienen la posibilidad moral de elegir no acatar una orden a todas luces ilegal e inhumana y la ejecutan porque están de acuerdo con la misma\», apuntó el jurista, advirtiendo que esto acarrea responsabilidad penal a nivel internacional para los militares involucrados.
Esta no es la primera vez que el recluso enfrenta este tipo de hostigamiento. Calderín Acosta, de 37 años y residente en Camagüey, cumple una condena de 20 años desde noviembre de 2012 por el presunto delito de sabotaje tras ser acusado de lanzar un cóctel Molotov contra una tienda recaudadora de divisas. Reconocido como preso político por la organización Prisoners Defenders con sede en Madrid, actualmente permanece en una celda de régimen especial. El recluso ha alertado que el director del penal ha emitido amenazas similares en al menos tres ocasiones, extendiendo la intimidación hacia otros prisioneros políticos del centro.
La denuncia expone el patrón sistemático de tortura y tratos crueles que la dictadura cubana ejerce contra quienes disienten del modelo oficial. La represión intramuros forma parte de la maquinaria de control social del régimen de La Habana, que utiliza el encierro y el terror psicológico para silenciar la oposición en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. Ante la ausencia de garantías procesales y la pasividad de las instituciones internas, la presión de la comunidad internacional se vuelve indispensable.
Calderín Acosta ha exigido que los organismos internacionales de derechos humanos tomen nota de estas amenazas, advirtiendo que cualquier muerte en prisión bajo pretextos como suicidio o infarto debe ser investigada como un posible homicidio de Estado. El caso recae sobre las autoridades de la isla la responsabilidad directa de salvaguardar la vida de los reclusos, en un momento donde el escrutinio global sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba se intensifica.
