La plataforma comercial Katapulk, propiedad del empresario cubanoamericano Hugo Cancio, anunció la venta de cilindros de gas licuado de 10 kilogramos por 29 dólares exclusivamente para La Habana. Esta iniciativa coloca un recurso vital para la supervivencia de los hogares en el circuito de divisas, acentuando la privatización de la respuesta a la profunda crisis energética que sufre la isla.
La oferta publicada en redes sociales por la empresa condiciona la entrega a que el destinatario entregue una \»balita\» vacía en buen estado. Sin embargo, el anuncio omite cómo se articula esta transacción privada con el estricto control estatal sobre los envases. Según el reglamento del Ministerio de Energía y Minas, los cilindros son propiedad del Estado cubano, representado por las entidades de CUPET, y los clientes normados solo tienen derecho a su uso. Esta ambigüedad genera incertidumbre sobre si los usuarios pueden emplear los cilindros asignados por el régimen de La Habana para estas compras en moneda libremente convertible.
Esta estrategia comercial de Katapulk replica el modelo implementado recientemente por Supermarket23, una plataforma vinculada al grupo estatal Flora y Fauna, dirigido por el comandante Guillermo García Frías y su familia. Ambas empresas, una conectada a la cúpula militar y otra liderada por un empresario cercano al poder, ofrecen el mismo producto al mismo precio, evidenciando un patrón donde las élites y sus aliados capitalizan la escasez que afecta a la mayoría de la población.
Un sistema de distribución al borde del colapso
El surgimiento de estas plataformas de venta en dólares responde directamente al fracaso del sistema estatal de distribución. Las autoridades de la isla han impuesto severas restricciones en la entrega de gas licuado, limitando la venta a un cilindro por contrato y estableciendo cuotas diarias insuficientes para la demanda real. La propia prensa oficial ha tenido que reconocer la gravedad del desabastecimiento energético, un síntoma más del colapso estructural que atraviesa la economía nacional, marcado por la inflación, la falta de combustible y la incapacidad del gobierno cubano para garantizar servicios básicos.
La consolidación del mercado paralelo en divisas para acceder al gas doméstico profundiza la desigualdad social en Cuba. Mientras aquellos con acceso a remesas o dólares pueden asegurar la cocción de sus alimentos, las familias dependientes del salario estatal quedan a merced de un sistema de distribución inoperante. Esta dinámica no solo representa una transferencia de riqueza hacia sectores privilegiados, sino que evidencia la renuncia de las instituciones a su responsabilidad de garantizar el bienestar mínimo de la ciudadanía.
Ante la incapacidad de ofrecer alternativas viables para la mayoría, la dictadura cubana ha cedido el espacio de los servicios esenciales a negocios controlados por figuras afines al poder. Esta tendencia empuja a amplios sectores de la población a la precariedad extrema y a la dependencia del exilio, mientras consolida un modelo económico que margina a quienes no tienen acceso a la moneda fuerte, profundizando la fractura social y el descontento en la isla.
