La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la Contraloría General de la República de Cuba (CGRC) firmaron en La Habana un convenio para compartir bases de datos financieros y aplicar herramientas de inteligencia artificial con el objetivo de detectar evasiones tributarias, en medio de una profunda crisis económica que asfixia a la isla.
El acuerdo, suscrito por las máximas autoridades de ambas instituciones, contempla el uso del sistema informático INFOGESTI para el cruce de información. Según lo reportado por medios oficiales, el ejecutivo cubano busca optimizar sus auditorías y concentrar esfuerzos en áreas de \»mayor riesgo\». No obstante, la comunicación estatal evita detallar cómo se garantizará la transparencia de estos procesos en un entorno donde la CGRC se subordina directamente al Presidente de la República, lo que anula cualquier atisbo de independencia funcional real.
Incertidumbre sobre la protección de datos y el uso de algoritmos
Aunque las autoridades de la isla aseguraron que se respetará la confidencialidad y la legislación sobre datos personales, la información oficial omite detalles cruciales. No se precisó qué categorías de información serán cruzadas, qué controles externos supervisarán los algoritmos de inteligencia artificial, ni qué mecanismos tendrán los contribuyentes para impugnar decisiones derivadas de estos análisis automatizados. La implementación de estas tecnologías de vigilancia fiscal se produce sin un debate público ni garantías de debido proceso.
Esta medida se instrumenta en un contexto de hiperinflación, colapso de los servicios públicos y desabastecimiento crónico que ha empujado a cientos de miles de cubanos al éxodo migratorio. Mientras el régimen de La Habana estrecha el cerco sobre los escasos ingresos de la población y el incipiente sector privado, el Estado mantiene su monopolio sobre las empresas estatales ineficientes, focos históricos de corrupción y malversación que rara vez enfrentan un escrutinio equivalente.
El endurecimiento de la fiscalización, que coincide con el vencimiento del plazo para la declaración del impuesto sobre ingresos personales, amenaza con ahogar aún más a una ciudadanía que sobrevive en la economía informal. La utilización de inteligencia artificial por parte de la dictadura cubana para el control tributario no solo refleja la desesperación del Estado por captar divisas, sino que consolida un aparato represivo enfocado en la extracción de recursos antes que en el desarrollo económico y el bienestar social.
