El primer ministro cubano, Manuel Marrero, ha convocado a endurecer las sanciones contra el robo de combustibles y otros ilícitos económicos, en medio de una crisis estructural que ha generado un desabastecimiento crítico en la isla. La medida, publicada en medios oficiales, busca responsabilizar a la población y a administradores estatales del fracaso del modelo económico, desviando la atención de la incapacidad gubernamental para garantizar los servicios básicos.
Durante una reunión del denominado \»Grupo de trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito\», el ejecutivo cubano detalló un plan para elevar el rigor punitivo contra la sustracción de derivados energéticos, incluyendo el robo de aceite dieléctrico de los transformadores, catalogado por Marrero como un ilícito de \»alta sensibilidad\». A esta cita asistieron altos funcionarios, como el presidente del Tribunal Supremo Popular y representantes de la Contraloría General, lo que evidencia la prioridad que el gobierno cubano otorga al control punitivo frente a la gestión productiva o la reactivación económica.
La ofensiva represiva llega en un contexto donde la llegada de buques tanque a la isla se ha reducido a niveles mínimos, disparando los precios y agudizando la escasez. Ante la imposibilidad de acceder a combustible por canales oficiales, la población recurre a estrategias de supervivencia que el Estado criminaliza. La dictadura cubana utiliza entonces la amenaza de severas condenas y la persecución pública, instando a divulgar el castigo para infundir el temor como mecanismo de control social ante la desesperación ciudadana.
Represión hacia el sector burocrático y control estatal
Además de enfocarse en la ciudadanía, las autoridades de la isla han señalado a los \»irresponsables administrativos\» que no ejercen el control exigido por el Estado. Marrero anunció mano dura contra estos cuadros, trasladando la culpa de la ineficiencia estatal hacia la gestión intermedia. La Contraloría General de la República respaldó esta línea al insistir en la necesidad de fortalecer el control interno en entidades estatales, ignorando que el colapso emana del propio modelo centralizado e ineficiente que ha gobernado el país por décadas.
Este endurecimiento penal se enmarca en una crisis sistémica más amplia que incluye una inflación galopante, el desabastecimiento generalizado de productos de primera necesidad y un éxodo migratorio sin precedentes. La Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (ONURE) ya proyecta acciones de control para los próximos años ante la aparición de nuevos actores en la comercialización de combustibles, lo que demuestra que el régimen de La Habana responde a la complejidad de la crisis con mayor vigilancia y criminalización, en lugar de implementar reformas estructurales.
La criminalización de la supervivencia económica y la intensificación de la represión policial y administrativa auguran un escenario de mayor conflictividad social. Mientras el gobierno cubano prioriza la persecución de la sustracción de mínimas cantidades de diésel o gas licuado, la ausencia de soluciones reales profundiza el deterioro de la calidad de vida. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen la mirada sobre la isla, donde la escasez material se combina con un endurecimiento autoritario que limita aún más las libertades civiles y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
