La activista Rosa María Payá y el empresario Jorge Plasencia afirmaron este miércoles en Washington que la comunidad exiliada en Miami ha consolidado una visión común sobre una eventual transición política en Cuba. Durante una conferencia organizada por el Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida (FIU), ambos expusieron las condiciones mínimas necesarias para un cambio democrático real en medio de la creciente especulación internacional.
En el panel moderado por Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Estudios Cubanos de la FIU, Payá enfatizó que cualquier proceso de cambio debe comenzar por el reconocimiento internacional de la naturaleza represiva de la dictadura cubana. La activista, quien se desempeña como fundadora de la iniciativa Cuba Decide y próximamente integrará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió la liberación inmediata de los más de 1.000 prisioneros políticos que actualmente permanecen encarcelados en la isla como paso previo e innegociable para la convocatoria de elecciones libres, justas y multipartidistas.
Desde la perspectiva empresarial, Jorge Plasencia advirtió que no existen condiciones para una inyección seria de capital extranjero en la isla mientras el régimen de La Habana mantenga el control absoluto del poder. El empresario destacó que el 80 por ciento de los cubanoamericanos respalda un cambio de sistema, subrayando que la atracción de inversiones requerirá garantías democráticas y seguridad jurídica que el gobierno cubano no puede ofrecer en su estado actual.
Un escenario marcado por la crisis estructural y la presión internacional
El debate sobre el futuro de la isla se produce en un contexto de profunda crisis estructural, caracterizada por el colapso de los servicios públicos, una inflación galopante y el éxodo migratorio masivo de ciudadanos que huyen de la falta de oportunidades. A esto se suma el endurecimiento de la represión social por parte de las autoridades de la isla, que han criminalizado la disidencia y mantienen un control férreo sobre la población civil, dificultando cualquier intento de organización cívica dentro del territorio nacional.
Las expectativas de una transición se han visto alimentadas recientemente por factores geopolíticos regionales, como la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, y por las declaraciones del ejecutivo de Estados Unidos sobre una eventual caída del sistema autoritario en La Habana. En este marco, la comisión del condado de Miami-Dade aprobó una resolución para solicitar a la administración estadounidense que consulte formalmente al exilio cubano en cualquier deliberación sobre el futuro de la isla y prevea recursos federales para asistir a gobiernos locales y grupos del exilio en caso de un cambio de régimen.
El llamado conjunto de la sociedad civil y el sector privado del exilio subraya la necesidad de una transformación profunda que incluya tanto a los cubanos dentro como fuera de la isla, junto a un acompañamiento internacional decidido. La viabilidad de este consenso dependerá en gran medida de cómo la comunidad internacional presione a la dictadura cubana para que ceda el control democrático, y de la capacidad de las fuerzas opositoras para articular una alternativa viable frente al inminente colapso del modelo totalitario.
