Familiares de los integrantes del proyecto digital \»Fuera de la Caja\» denunciaron nuevos actos de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado en La Habana. La dictadura cubana ha optado por intimidar a los parientes de estos creadores de contenido como método de presión para intentar silenciar sus críticas al sistema desde dentro de la isla.
Según un testimonio difundido en redes sociales, el padre de Amanda Beatriz Andrés Navarro —una de las fundadoras de la iniciativa— fue abordado en su centro de trabajo por dos oficiales del Ministerio del Interior. Los agentes le advirtieron sobre las actividades de su hija y de los demás jóvenes vinculados al espacio, acusándolos de incurrir en presuntos delitos de \»incitación al desorden constitucional\» y \»instigación a delinquir\», amenazando con consecuencias penales si mantenían su producción de contenidos.
Ante las advertencias, el familiar respondió defendiendo el derecho de los jóvenes a expresarse libremente y aseguró sentirse orgulloso de su labor educativa. \»Como nuevas generaciones tienen todo el derecho a pensar diferente y no están cometiendo ningún delito\», manifestó el padre, quien además condenó la existencia de presos políticos y de conciencia. Por su parte, Amanda denunció que el objetivo del régimen de La Habana es encarcelarlos, utilizando a sus familias como instrumento de chantaje y amedrentamiento.
Adoctrinamiento frente a pensamiento crítico
El proyecto \»Fuera de la Caja\», fundado a inicios de 2026 por Amanda Beatriz y Abel Alejandro Andrés Navarro, junto a Mauro Reigosa Pérez y Karel Daniel Hernández Bosques, busca fomentar el debate sobre los derechos ciudadanos y el futuro del país, dirigido especialmente a las nuevas generaciones. Su nombre responde a la necesidad de romper con el discurso oficial y el adoctrinamiento que ha imperado en la educación pública cubana durante décadas. Esta arremetida contra la juventud independiente se enmarca en el endurecimiento de la represión sistemática por parte de las autoridades de la isla, que ante la profundización de la crisis económica y el colapso de los servicios públicos, incrementa la censura para evitar el estallido social.
La estrategia de criminalización de la disidencia digital replica los recientes casos de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual \»El4tico\», acusados bajo figuras penales similares por la dictadura. El uso de la intimidación familiar evidencia la falta de límites del aparato represivo y plantea un escenario sombrío para el ejercicio del periodismo y la creación de contenido independiente en Cuba. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen la mirada sobre estos casos, ante el riesgo inminente de que el gobierno cubano proceda a nuevos enjuiciamientos que agraven el clima de indefensión civil en el país.
