El Departamento de Comercio de Estados Unidos suspendió la Licencia de Excepción \»Support for the Cuban People\» para transacciones que impliquen depósitos en bancos de propiedad estatal cubana, una medida que afecta directamente la importación de combustible por parte de las mipymes de la Isla y que entró en vigor el 4 de marzo.
El Buró de Industria y Seguridad (BIS) detalló que la decisión responde a problemas sistemáticos y documentados de desvío de fondos y cobro indebido de comisiones por parte del sistema bancario cubano. Además, varias de estas instituciones financieras figuran en la lista de entidades restringidas por sus vínculos con organismos militares, de inteligencia y seguridad del Estado, lo que compromete cualquier intento de canalizar recursos hacia el sector privado sin que terminen beneficiando al aparato estatal.
Washington argumentó que permitir el depósito de fondos en bancos controlados por el régimen de La Habana contradice el propósito original de la licencia SCP, creada para respaldar la actividad económica independiente de los ciudadanos. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas transacciones terminan generando ingresos para el gobierno cubano o fortaleciendo el funcionamiento de estructuras estatales, algo incompatible con el espíritu de la excepción. La medida, no obstante, no afecta a las operaciones que utilicen entidades bancarias de terceros países u otros sistemas de pago que no involucren instituciones financieras cubanas.
El sector privado intenta suplir el colapso energético
La restricción llega en un momento particularmente delicado. A mediados de febrero, varias fuentes confirmaron que el gobierno cubano había autorizado de forma limitada la importación directa de combustible por parte de empresas privadas, una medida vista como un intento de paliar la profunda crisis energética que sufre la Isla. Hasta ahora, el Estado mantenía el monopolio absoluto sobre la importación de petróleo y derivados, así como sobre su distribución minorista interna, un control que ha demostrado su ineficiencia ante la incapacidad de garantizar el suministro básico para la población.
Según informaciones de agencias internacionales, las autoridades de la isla sostuvieron reuniones recientes con emprendedores locales y empresarios extranjeros para explicar cómo podría instrumentarse esta gestión. El anuncio había sido adelantado en noviembre por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien indicó que se permitiría a empresas extranjeras y mixtas importar su propio combustible cuando fuera necesario. Sin embargo, diversos participantes describieron el procedimiento como habitualmente lento, al tener que tramitarse a través de importadoras estatales que actúan como intermediarias obligatorias.
Una crisis estructural sin solución a la vista
El contexto es el de una economía en franco deterioro. La demanda energética de Cuba se estima en unos 110.000 barriles diarios, de los cuales apenas 40.000 provienen de producción propia. La dependencia de importaciones, sumada a la incapacidad del régimen de La Habana para honrar sus compromisos comerciales internacionales, ha generado un escenario de escasez crónica que afecta tanto a la ciudadanía como al incipiente sector privado. Las mipymes que habían comenzado a importar combustible para autoconsumo empresarial ahora enfrentan un obstáculo adicional con la nueva restricción bancaria impuesta por Washington.
El ejecutivo cubano se encuentra así atrapado entre la presión de las sanciones estadounidenses, que buscan evitar el enriquecimiento del aparato estatal, y la urgencia de una economía que no puede sostenerse sin un flujo mínimo de combustible. Mientras tanto, la parálisis económica y social avanza sin que las reformas parciales anunciadas logren revertir el colapso de los servicios básicos, la inflación galopante y el éxodo migratorio que continúa vaciando al país de su fuerza productiva. La nueva medida de Estados Unidos evidencia una vez más la dificultad de canalizar ayuda hacia el sector privado cubano sin que el control estatal sobre el sistema financiero desvíe los recursos hacia las estructuras del poder.
