Dos colaboradores del medio comunitario Páginas Villareñas fueron detenidos, despojados de sus pertenencias y amenazados con procesamiento penal por agentes de la Seguridad del Estado y la Policía en Villa Clara. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció el operativo como una nueva violación a la libertad de prensa en la isla.
Los hechos ocurrieron en el reparto Dobarganes, donde Lázaro Pérez Rodríguez y Luis Sotolongo Iglesias realizaban la distribución pacífica de la edición 137 de su boletín informativo. Alrededor de las 2:20 p.m., los comunicadores fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y dos oficiales de la Seguridad del Estado. Ambos fueron esposados y trasladados hacia la Cuarta Unidad policial del área Abel Santamaría, donde permanecieron retenidos e incomunicados durante aproximadamente seis horas.
Durante el arresto, las autoridades de la isla decomisaron unos 60 ejemplares del boletín, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentos de identidad y otros efectos personales. Según la documentación del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP, los interrogatorios estuvieron a cargo de oficiales que se identificaron como \»Ariel\» y \»Ernesto\». Las preguntas se centraron en el funcionamiento interno de la organización, sus fuentes de financiamiento, el proceso de impresión y los responsables editoriales, evidenciando un claro intento de amedrentar la labor periodística.
Antes de ser liberados, los colaboradores recibieron advertencias de la dictadura cubana sobre un posible procesamiento penal bajo los presuntos delitos de \»usurpación de funciones públicas\» y \»violación del orden constitucional\». Se les informó que permanecen bajo investigación y serán citados nuevamente. El uso de estas figuras penales contra ciudadanos que distribuyen información constituye un empleo instrumental del derecho penal como mecanismo de censura, contradiciendo abiertamente los artículos 54 y 55 de la Constitución de la República, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Criminalización del periodismo ciudadano
El accionar del régimen de La Habana contra Páginas Villareñas responde a un patrón sistemático de criminalización del derecho a informar. Los medios comunitarios que abordan problemáticas locales, frecuentemente ignoradas por la prensa oficial, se han convertido en un objetivo recurrente para la maquinaria represiva. Esta persecución ocurre en un contexto de profunda crisis estructural, donde el control absoluto de la narrativa es vital para el poder ante el creciente descontento social, la inflación galopante y el colapso de los servicios públicos.
Ante esta situación, el ICLEP ha exigido la devolución inmediata de los equipos y boletines confiscados, el cese de la investigación y garantías para el ejercicio del periodismo ciudadano sin represalias. La organización también ha hecho un llamado a la comunidad internacional y a los mecanismos de derechos humanos para que monitoreen la constante vulneración de las libertades fundamentales en Cuba, cuya consecuencia directa es el asfixio de cualquier intento de construcción de una sociedad civil independiente.
