A tres décadas del derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate por cazas militares cubanos, organizaciones cívicas y congresistas estadounidenses solicitan al gobierno de Estados Unidos reabrir la causa penal para investigar la presunta responsabilidad del general Raúl Castro en el asesinato de cuatro tripulantes. El crimen, calificado como de lesa humanidad, continúa impune y representa uno de los episodios más graves de violencia estatal de la dictadura cubana contra el exilio.
La tarde del 24 de febrero de 1996, dos aeronaves Cessna 337 desarmadas fueron interceptadas y destruidas en aguas internacionales por un avión cazabombardero MiG-29 UB y un MiG 23 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). El ataque provocó la muerte de cuatro tripulantes. Ahora, en el trigésimo aniversario de este ataque, exiliados cubanos y legisladores de origen cubanoamericano han elevado una petición formal a la administración de Donald Trump para revocar el sobreseimiento aplicado durante el mandato de Bill Clinton y llevar el caso a la justicia.
La acción judicial se fundamenta en la presunta participación directa de Raúl Castro, quien en aquel entonces era ministro de las FAR y hoy, a sus 94 años, se mantiene como el jefe indiscutible del régimen de La Habana. Los peticionarios respaldan su solicitud en pruebas documentales y de audio, entre ellas una grabación en la que supuestamente se escucha la voz del general otorgando la orden estratégica para derribar las aeronaves civiles. Un peritaje de acústica forense podría corroborar la identidad del emisor, según expertos en ciencias penales consultados sobre la viabilidad del proceso.
Impunidad y crímenes de lesa humanidad
Desde el punto de vista jurídico, los abogados y analistas que impulsan la causa señalan que el delito imputable sería el de asesinato con premeditación, alevosía y en contra de víctimas manifiestamente indefensas. Al tratarse de una violación de compromisos internacionales que resultó en la muerte de civiles mediante el uso de fuerza militar desproporcionada, el acto se clasifica como un delito de carácter internacional. Por ende, no prescribe con el paso del tiempo, lo que permite iniciar un debido proceso penal en cualquier momento contra las personas físicas responsables.
Este episodio no es un hecho aislado, sino que forma parte del patrón histórico de la dictadura cubana de emplear la violencia letal y la represión para silenciar la disidencia, tanto dentro como fuera de la isla. La falta de rendición de cuentas por este ataque ha reforzado durante décadas la sensación de impunidad absoluta de las autoridades de la isla frente a violaciones de derechos humanos. Esta dinámica de coerción y ausencia de libertades es la misma que ha empujado a cientos de miles de cubanos al exilio migratorio en busca de refugio político y condiciones de vida dignas.
La reapertura de este caso sentaría un precedente crucial en la exigencia de justicia para las víctimas del autoritarismo en Cuba. Si prospera la investigación, no solo se confrontaría la narrativa oficial del ejecutivo cubano, que justificó el ataque como una medida defensiva, sino que se abriría la puerta para que la comunidad internacional endurezca su postura frente a los responsables de crímenes de Estado. Para la diáspora y los familiares de las víctimas, el avance de esta causa representa la última esperanza para que la justicia penal alcance a los máximos líderes del régimen antes de su fallecimiento.
