Familiares, activistas y legisladores estadounidenses exigieron justicia durante una vigilia en Miami por el trigésimo aniversario del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, un ataque perpetrado por la dictadura cubana que costó la vida a cuatro tripulantes en espacio aéreo internacional.
El acto conmemorativo, celebrado en la víspera del 24 de febrero, contó con la participación de Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien respaldó la iniciativa de los congresistas Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar para encausar a Raúl Castro por la masacre. Durante la vigilia, se realizó un minuto de silencio y un pase de lista simbólico en honor a Mario de la Peña, Carlos Costa, Armando Alejandre y Pablo Morales, las víctimas fatales del ataque.
Las tres aeronaves Cessna de la organización Hermanos al Rescate fueron atacadas sin previo aviso mientras realizaban una misión humanitaria para localizar balseros en el Estrecho de la Florida. El régimen de La Habana ordenó la interceptación y destrucción de los aparatos, un acto que evidenció la política de violencia estatal y censura ejercida contra el exilio. En el acto también participó Sylvia Iriondo, sobreviviente del ataque, quien fue perseguida por cazas militares hasta cercanías de la costa floridana antes de que la operación fuera abortada.
Impunidad y crisis migratoria
El derribo de 1996 no fue un hecho aislado, sino una muestra del accionar implacable de la dictadura cubana frente a quienes intentan asistir a los migrantes que huyen de la crisis estructural de la isla. Décadas después, el éxodo masivo continúa siendo una constante, impulsado por el colapso económico, el desabastecimiento y la persecución política que caracteriza al sistema de gobierno. La impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos ha sido una herramienta recurrente del ejecutivo cubano para silenciar el disenso, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Durante la vigilia, familiares de las víctimas hicieron un llamado a las autoridades estadounidenses para que no permitan la impunidad, argumentando que la falta de justicia pone en riesgo a la ciudadanía. Los organizadores enfatizaron que la futura transición democrática en Cuba no puede construirse sin rendición de cuentas, reiterando la exigencia de procesar a los máximos responsables por crímenes de lesa humanidad. Asimismo, se pronunció por la grave situación de los presos políticos en la isla, citando el caso de Roilán Álvarez Rensoler, quien lleva 24 días en huelga de hambre con su vida en inminente peligro.
